La Corte Suprema volvió a sentar su postura frente al proyecto de ley para el sometimiento de bandas criminales, que elaboró el Gobierno Nacional en el marco de su política de ‘paz total’. Luego de asistir a una mesa de trabajo convocada en la Comisión Primera de la Cámara, este jueves se conoció el concepto firmado por la magistrada Myriam Ávila, presidenta de la Sala Penal.La intención del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, es crear el marco jurídico para entrar a negociar con grupos ilegales que irían desde combos de ciudades como Medellín hasta el ‘clan del Golfo’. A cambio de que se comprometan con la paz, les darían gabelas como penas alternativas de máximo ocho años.A medida que se ha venido surtiendo el debate sobre su viabilidad o no, la Corte ha ido opinando. La primera vez que lo hizo fue en el Consejo de Política Criminal, en el que se opuso a la polémica iniciativa. Ministerio de Justicia radicó el proyecto de Ley Arles para fortalecer la búsqueda de desaparecidos Foto:Archivo ParticularEl más reciente escenario fue este jueves. En su pronunciamiento, el alto tribunal aclaró que hay al menos cinco apartados del proyecto que por su contenido, deben ser tratados bajo una ley estatutaria, y no bajo una ordinaria como se está haciendo.Además, la magistratura dijo que reconoce que el país desde la firma de la paz en 2016, ha visto cómo han surgido otras facciones delincuenciales, y que ante la necesidad de entablar una estrategia para combatirlas, la salida está en sostener un diálogo más abierto con la sociedad, “con consensos más robustos y un análisis más reposado de varias de las medidas que pretenden implementarse”.Ese ánimo de desescalar la violencia, sin embargo, para la Corte no puede convertirse en una puerta que lleve a beneficiar ampliamente a quienes ya han traicionado la paz reincidiendo en conductas delictivas. Tanto así que el criterio de la Corte es que quienes hayan vuelto a cometer faltas luego de desmovilizarse, deben ser excluidos del proyecto de ley.Mesa técnica para discutir el proyecto de ley de sometimiento. Foto:Ministerio de JusticiaOtros puntos claveAsimismo, desde la Sala Penal subrayaron que si bien son válidas las intenciones de paz del Gobierno, los ofrecimientos que se están dando a los violentos les preocupan porque no pueden pasar por encima de los derechos de las víctimas. Hasta el momento, según la Corte, lo construido en el proyecto de ley no refleja que los afectados por el conflicto hayan participado activamente de su elaboración.La necesidad de crear este proyecto, ante las figuras ya existentes para desmantelar a grupos criminales, también fue cuestionada por la Corte, que anotó que no está la justificación para sacarlo adelante en el Congreso. “Por ejemplo, no es claro por qué esta iniciativa no consideró escenarios de construcción ni mecanismos de verificación de cumplimiento de medidas restaurativas en el marco del proceso o al momento de imponer las penas, ni la metodología de las reparaciones colectivas como sí lo hacen los modelos de Justicia y Paz y de la JEP, lo que evidencia vacíos y asimetrías sensibles en el articulado”.El tema presupuestal también fue objeto de reparos. Para la Corte el proyecto sobre bandas criminales no tiene un diagnóstico del impacto fiscal que le acarrearía al país. En particular porque “se asignan responsabilidades a la Rama Judicial, en particular a la jurisdicción penal ordinaria -Fiscalía y jueces-“, a quienes además se les incrementaría el trabajo.Sala plena de la Corte Suprema. Foto:Corte Suprema.El impacto fiscal de la propuesta tampoco se ve reflejado en la creación de espacios para que quienes se sometan, cumplan sus penas.Por último, la Corte manifestó que incluir en la iniciativa diseñada para grupos criminales, a quienes participaron de manifestaciones y marchas en distintos momentos del país, puede “estigmatizar” el derecho a la protesta social. Ahora se está a la espera de que se conozcan nuevos detalles de la agenda para discutir nuevamente el proyecto de ley, debate en el que también participan la Defensoría, la Fiscalía y otras entidades.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com