Ángela María Buitrago fue conocida como la ‘fiscal de hierro’ por desempolvar, en 2005, los expedientes sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia y llevar al banquillo a dos generales de la República y dos coroneles: Jesús Armando Arias Cabrales, Iván Ramírez, Edilberto Sánchez y Alfonso Plazas Vega, respectivamente, los altos mandos que comandaron la desproporcionada operación militar para recuperar la sede judicial invadida por la guerrilla del M-19.La exministra de Justicia cuenta detalles. Foto:Por orden del exfiscal Mario Iguarán, volvió a llamar a descargos a los principales actores de una de las peores tragedias del país, envió peritos técnicos y recabó cientos de pruebas para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en un capítulo que hoy, 40 años después, sigue con preguntas irresueltas. LEA TAMBIÉN La entonces fiscal Buitrago consideró probada la responsabilidad de los militares con soles en la desaparición de 11 personas, entre ellas la exintegrante del M-19 Irma Franco y el administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez. También en las torturas a las que fueron sometidos algunos de los sobrevivientes en la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y la Charry Solano para descartar supuestos vínculos con la guerrilla, como Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo. Pidió más de 20 años de cárcel para cada uno.Aunque el general (r) Ramírez, Arias Cabrales y el coronel (r) Sánchez Rubiano fueron condenados en doble instancia, sentencias que mantuvo la Corte en casación, Buitrago perdió el pulso contra el coronel Plazas Vega, absuelto en esta instancia por duda razonable. La Sala Penal descartó su rol de mando en la operación de retoma que estuvo a cargo de Arias Cabrales como comandante de la Tercera Brigada.Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en 2015 por la Corte Suprema de Justicia. Foto:ARCHIVO EL TIEMPOPor llevarlo a juicio, el coronel (r) Plazas Vega la denunció por falsedad y calumnia, pero la investigación contra Buitrago fue archivada.En un repaso por los principales hallazgos de su investigación, la ‘fiscal de hierro’ habló sobre la sentencia póstuma a los miembros del M-19 que se tomaron, a sangre y fuego, la máxima institución de la justicia bajo el pretexto de hacerle un juicio político al presidente Belisario Betancur por el fracaso de su política de paz. LEA TAMBIÉN También contradijo el informe de la Comisión de la Verdad y sostuvo que no encontró pruebas tangibles —más allá de los testimonios de Virginia Vallejo y ‘Popeye’— sobre la entrada de dineros del ‘cartel de Medellín’ en la toma. Además, explicó por qué considera que hubo una sublevación del mando del presidente Betancur, como comandante supremo de las FF. MM., en la cruzada para “defender la democracia, maestro”, como se refirió Plazas Vega a la batalla campal librada en el corazón de Bogotá los días 6 y 7 de noviembre de 1985.¿En qué va el proceso penal, qué resultó de la investigación por el holocausto y cuántas personas están vinculadas a los crímenes?Mientras yo llevé la investigación, hubo una serie de hallazgos que significaron que se adelantaran varios procesos contra distintas personas. En ese caso tuvimos a generales de la República, como el general (Jesús Armando) Arias Cabrales, procesado por la desaparición de 11 personas. En particular, se habló de Irma Franco, Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán. Se trabajó sobre la base de la sentencia condenatoria contra Iván Ramírez Quintero, quien manejaba en ese momento lo que antes se llamaba la Brigada 20 o Charry Solano.Ángela María Buitrago tuvo a su cargo el proceso del holocausto del Palacio de Justicia. Foto:LAURA DUSSÁN EL TIEMPOTambién estaban algunos coroneles, sargentos y cabos de inteligencia, como el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, que era quien manejaba el B-2 o la brigada de inteligencia. De igual forma, se generó una condena en primera y segunda instancia contra el entonces coronel de caballería Alfonso Plazas Vega, quien fue absuelto por duda razonable, con tres duros salvamentos de voto en casación.Todas estas sentencias hoy en día están en firme, salvo la revocatoria del coronel de caballería, que se dio por una votación 4 a 3, entendiendo que los salvamentos de voto mencionan la necesidad de que se hubiera mantenido la condena.Después se abrió un expediente que tenía que ver con la salida con vida del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Mi labor como fiscal llega hasta la solicitud de indagatoria para tres generales. Este proceso quedó completamente cerrado en la fase de investigación. Así mismo, se compulsaron copias al presidente Belisario Betancur, las cuales, hasta donde sabemos, no tuvieron ninguna actuación. El presidente murió sin que la Comisión de Acusaciones generara alguna actividad dentro de esta investigación.La exfiscal Buitrago encontró documentos en una bóveda de la Brigada XIII relacionados con Urán. Foto:carloshoraciourán.orgDe igual manera, se compulsaron copias por tortura, luego de que varias de las personas que siempre negaron haber sido trasladadas a las unidades militares, cuando tuvimos la posibilidad de oírlas, relataron que no solo fueron llevadas a infantería, caballería, la Brigada 13 y el B-2, sino que además fueron torturadas. LEA TAMBIÉN Por esta razón se compulsaron copias en los años 2006 y 2008 por las torturas a Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson y varias de las personas que estaban en el Palacio en ese momento, como Orlando Quijano y Orlando Arrechea. Sobre esos elementos desconocemos qué haya pasado con esas investigaciones del Palacio de Justicia.Lo que sí es cierto es que nunca se investigaron las ejecuciones extrajudiciales, ni se han vuelto a investigar las salidas con vida, como por ejemplo la del guerrillero Almonacid.Almonacid aparece en una toma posterior en un jeep del Ejército con algunas de las personas que hemos mencionado que fueron torturadas. Es trasladado, pero posteriormente lo dejan muerto en el Palacio de Justicia, donde se hace el levantamiento. Es claro que salieron tres guerrilleros más del Palacio de Justicia y de ellos tampoco se supo nada, ni sé si se ha iniciado alguna investigación sobre eso.Pero sobre todo hubo ejecuciones extrajudiciales, con presencia y testimonio de personas que estaban en el Palacio de Justicia. Como el caso de dos miembros del M-19 que estaban con heridas abiertas en el estómago, desarmados, y entra el Ejército y los remata. LEA TAMBIÉN Muchos de estos hechos que muestra el Palacio de Justicia, y la posición en particular de lo que las mismas grabaciones decían —el tratamiento hacia personas a quienes llamaban “babillas”, “basuras”—, y las órdenes claras de que “si aparece la manga, no aparezca el chaleco”, son todas las investigaciones que pueden generar la necesidad de saber por qué se hizo lo que se hizo en el Palacio de Justicia, aun conociendo que ese hecho iba a suceder.Pero, además, los que quedaron vivos tuvieron un trauma permanente: el miedo constante de no sentirse seguros en la institucionalidad, de sentir que fueron avasallados por un grupo como el M-19, frente al cual el Estado respondió con una fuerza desproporcionada y en contravía de la protección de las personas, de la institucionalidad, del Ejército y, obviamente, de las instituciones de seguridad.¿Cuál es la responsabilidad de los guerrilleros del M-19?Toma de Palacio de Justicia en 1985 Foto:EL TIEMPOEsta fue observada y fallada en una decisión del Juzgado Segundo Especializado, en donde, bajo el radicado correspondiente, se analizaron los homicidios, el incendio y otros hechos atribuidos a los entonces miembros del grupo guerrillero.Incluso están las sentencias condenatorias contra Irma Franco, Clara Elena Enciso, Otero, Almarales y todas las personas que participaron en la toma del Palacio de Justicia. Este es un hecho que algunos pretenden negar, diciendo que nunca hubo sentencias contra el M-19, pero la sentencia está.Incluso el magistrado Fernando Caballero revivió el proceso en el Tribunal Superior de Bogotá, a pesar de que era contra personas muertas o desaparecidas. Se radicó la responsabilidad en cabeza de ellos y se les profirió sentencia condenatoria por homicidio.Lo segundo es que, si el M-19 no hubiera entrado al Palacio de Justicia —inicialmente a sangre y fuego, y posteriormente permaneciendo más de 28 horas—, nada de lo que sucedió habría ocurrido. LEA TAMBIÉN Sin embargo, también entendemos que hubo excesos por parte de la fuerza pública, en un manejo completamente desquiciado de muchos de los elementos, que incluso permiten determinar que hubo fuego amigo: heridas de policías y de militares provocadas por sus propias tropas. Todo eso debió haberse evitado en cualquier momento, y aplicando cualquier principio del derecho internacional, habría sido claro que la vida de los rehenes era sagrada. Los rehenes debieron ser liberados, protegidos y, de una u otra manera, resguardados por la institucionalidad, y no haber terminado, como muchos de ellos, de manera cruenta y vil.En muchos casos hubo incineración de cuerpos; en otros, reconocimientos en condiciones alarmantes de vejación. Y en tercer lugar, quienes salieron vivos y fueron reconocidos por los grupos que estaban haciendo la labor —tanto los de Medicina Legal como el Ejército, que se tomó Medicina Legal en ese momento— quedaron registrados. Tenemos claramente las declaraciones del entonces director de Medicina Legal, quien señaló que efectivamente había un cuarto que ellos mismos habían designado como “el cuarto de los guerrilleros”, y en esa lista estaban personas que no tenían ninguna relación con el grupo insurgente, pero que fueron clasificadas como tal. LEA TAMBIÉN En ese grupo estaban, por ejemplo, Carlos Horacio Urán, la magistrada Fanny de la Sala Laboral, y Andrés Almarales, quien efectivamente deja salir al último reducto de civiles del baño después de que el Ejército detona una carga de dinamita contra las paredes del Palacio, causando la muerte de muchos de ellos. Andrés Almarales también sale con un tiro de gracia, ejecutado.Desde ese contexto, lo que decimos nosotros es que, bajo la teoría de la equivalencia de las condiciones, si no hubiera habido el ingreso del M-19, nada de esto habría pasado. Y, segundo, que la respuesta del Estado fue un exceso: una reacción desmedida, desproporcionada y, sobre todo, violatoria de todos los principios del derecho internacional humanitario.¿Cuál es el rol del narcotráfico, específicamente, del cartel de Medellín? entendiendo el hecho de que en ese momento se estaba negociando la extradición en la sala constitucional de la Corte Suprema?Jhon Jairo Velásquez alias ‘Popeye, miembro del M-19 Foto:Archivo Comisión de la VerdadBueno, hay dos cosas importantes. Había amenazas por el tema de la discusión del tratado de extradición que adelantaba la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero además, enviaban coronas fúnebres y, al mismo tiempo, cartas dirigidas a los consejeros de Estado por dictar sentencias contra el Ejército Nacional de Colombia y las autoridades, en cumplimiento de los derechos humanos.La situación no solo era una amenaza por el tema de la extradición y su relación con el narcotráfico. También existen antecedentes de amenazas a todos los miembros de las altas cortes por las labores que cumplían tanto el Consejo de Estado en materia de derechos humanos como la Corte Suprema.Cuando hablamos de esto, sabemos que hubo una investigación profunda del entonces capitán Óscar Naranjo —quien después sería director de la Policía Nacional—, y que encontró que efectivamente había necesidad de una seguridad extraordinaria en el Palacio de Justicia, porque las amenazas podían poner en riesgo a los magistrados.Y en lugar de mantener las medidas que él había recomendado, lo que se hizo fue levantar la vigilancia el 5 de noviembre de 1985. LEA TAMBIÉN Sobre el narcotráfico, tengo una visión clara dentro del expediente, y así lo dejé plasmado en las acusaciones: no hay prueba distinta a la declaración de Virginia Vallejo y a la del entonces mano derecha de Pablo Escobar, Popeye, sobre una supuesta reunión con Iván Marino Ospina en la que se habría planeado la toma del Palacio de Justicia.Según ellos —por lo menos Popeye—, Pablo Escobar les aconsejó no tomarse la Corte porque “a los jueces nadie los mira”. Les habría dicho: “Deberían tomarse el Congreso, para que hubiera un hecho político y, sobre esos elementos, tener la atención necesaria”.Sin embargo, dicen que Iván Marino Ospina le pidió dinero a Pablo Escobar, plata que nunca tuvo seguimiento. A Ospina lo matan en un operativo en agosto de 1985.Una de las características de la guerrilla en esa época era que muchos de sus jefes naturales no tenían relación con el narcotráfico. Iván Marino Ospina sí la tuvo, y por eso —según cuentan la historia y los propios miembros del M-19— fue recriminado en muchas ocasiones dentro del grupo. LEA TAMBIÉN Pero salvo esa mención, en el expediente no aparece ni siquiera la posibilidad de inferir la participación del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia, porque incluso las armas que tenían los miembros del M-19 eran armas de la guerra de Somoza: armas antiguas, fabricadas entre 1968 y 1972, salvo dos ametralladoras coaxiales que tenían dispuestas en las escaleras. De resto, todo eran fusiles donados por Nicaragua. Sobre estos elementos, además, no contaban ni siquiera con el equipo necesario para realizar una toma completa.Como fiscal, concluyo que, si bien existe esa mención, no hay una participación real del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia. La Comisión de la Verdad concluye lo contrario: considera suficiente la declaración de Popeye y la de Virginia Vallejo para sostener esa hipótesis.Yo creo que ahí falta muchísimo elemento probatorio que debería recaudarse para saber si ese dinero alguna vez llegó, en qué se usó o cómo se usó. Sin embargo, es importante mostrar esas dos condiciones. Y la famosa historia —que en realidad es un mito— de que el M-19 fue contratado para quemar los expedientes de extradición no tiene ningún asidero.El expediente de una extradición no existe como tal en Colombia. Lo que hay es una solicitud de extradición y una serie de documentos que corresponden a un indictment, que a lo sumo tendría entre 50 y 60 folios. Por lo tanto, no se puede decir que el objetivo fuera quemar los expedientes de extradición, porque de nada les habría servido. Toda la prueba estaba —y sigue estando— en Estados Unidos. LEA TAMBIÉN Incendio del palacio en lam noche del 6 de noviembre. Foto:CARDONA FABIOPor esa razón, cuando se dice que el incendio del Palacio de Justicia fue producto de la quema de expedientes, no existe ningún elemento que lo sustente. Además, es materialmente imposible que unos documentos pudieran incendiar un edificio de mármol, como algunos afirmaron, diciendo incluso que desde el quinto piso lanzaron expedientes al primero.Está claro —y esto es un tema pericial— que cuando un expediente de esa naturaleza está cerrado, normalmente no prende; y si prende, se apaga fácilmente por la distancia entre los pliegos. Pero, además, no existía la cantidad de expedientes necesaria para causar un incendio de esa magnitud en un edificio de mármol.Por el contrario, se entiende que hubo un error del Ejército: en lugar de disparar un rocket percutor, se lanzó un rocket incendiario. Este hecho está demostrado por diferentes vías —testimoniales, documentales y en video—, que permiten establecer que el incendio comenzó hacia las 4:30 de la tarde, cuando se disparó ese rocket equivocadamente hacia la biblioteca del Palacio de Justicia. Allí se inició el fuego, estando incluso un exmilitar en la biblioteca y muchas otras personas que fueron evacuadas por el entonces coronel (Carlos) Frasica, quien logró sacarlas cuando el incendio ya había tomado fuerza.Se habla hoy de dos desaparecidos, que son el señor Carlos Rodríguez e Irma Franco que era miembro del M-19. ¿Hay más desaparecidos? ¿Es esto una cifra real?Militares frente al Palacio de Justicia. Foto:ARCHIVO EL TIEMPOYo creo que la desaparición resulta ser mucho más amplia que esas dos personas que sí están oficialmente desaparecidas. Pero, como siempre hemos dicho, hay muchas personas que salieron con vida y se ven en los videos. La pregunta es: ¿dónde están?Y otra pregunta es: si estaban vivos cuando salieron del Palacio de Justicia, ¿por qué luego aparecieron en una fosa? Sin embargo, han aparecido otras personas que aseguran que sus familiares estaban allí.Algunos de los guerrilleros nunca fueron reclamados porque sus familias temían ser objeto de persecución por parte de las autoridades, o que sus hijos fueran perseguidos en esas condiciones. Cuando yo asumo la investigación, son 11 los desaparecidos. Muchos de ellos todavía no han aparecido. Gloria Anzola no ha aparecido. Fernando Beltrán se reconoce como desaparecido. LEA TAMBIÉN El caso particular de Norma Constanza Esguerra, la mujer que vendía pasteles en el Palacio de Justicia, también sigue desaparecida.Y hay muchas otras personas, como el hombre que reciclaba papel en la Corte Suprema de Justicia, que tampoco apareció. Su familia lo sigue buscando, también preguntó por él, pero nunca fue considerado en las primeras investigaciones, porque efectivamente no se tenían datos de esa naturaleza.Había personas más fáciles de registrar, como los magistrados principales, auxiliares o los trabajadores del Palacio. Pero había visitantes ocasionales, y sobre ellos no tenemos certeza de cuántas personas eran, porque cuando se quemó el ingreso del Palacio de Justicia —y cuando el tanque arremete con la ametralladora coaxial contra todo lo que había en el primer piso—, técnicamente también se perdió mucha información que podría haberse recaudado a través de las identificaciones que se debían dejar en la portería del edificio.¿Qué sustento jurídico hay para decir que se dio un golpe de Estado el día de la toma?Un soldado junto a la Bandera de Colombia en el Palacio de Justicia Foto:EL TIEMPOYo creo que esto es muy importante mirarlo en retrospectiva y en contexto. Cuando empiezo a hacer la investigación sobre los reportajes del año 84 en prensa, radio y televisión, empezamos a ver cómo había una gran oposición al proceso de paz de ese año. Y esto es como un deja vu.El déjà vu significa que todos los procesos de paz han tenido grandes opositores. Y desde ese punto de vista, se ve cómo empezaron a incumplirle al proceso de paz, cómo asesinaron uno a uno a los miembros del M-19 desde 1984 hasta 1985, cómo incluso sufrió un atentado Navarro Wolff y cómo Iván Marino Ospina murió en agosto de 1985.En este caso en particular, había una gran oposición tanto de sectores oficiales como particulares al tema de la paz. Ya desde entonces se había advertido que no iban a ceder ante los actos de violencia, porque además el M-19 había realizado múltiples acciones en las que el Ejército había quedado muy mal parado ante la sociedad colombiana. LEA TAMBIÉN Eso significaba oír a Harold Bedoya y a otros generales que se oponían categóricamente a la idea de brindarles un espacio de negociación, porque el M-19 había cometido muchos hechos: el robo de las armas, el robo de la espada de Bolívar, el atentado a Samudio, que fue el 23 de octubre de 1985. Por esa razón, creo que, frente a las condiciones en las que se encontraba el presidente Belisario Betancur, le dijeron que dejara manejar la operación al Ejército.Incluso, parece ser que lo tuvieron recluido —como nos contó una secretaria del Palacio de Nariño— en uno de los salones de atrás. Así también se percibe en las declaraciones que se le tomaron al presidente Betancur, en las que se evidencia que no conoció muchos de los hechos que después salieron a la luz en el proceso judicial.El golpe de Estado significa, pues, quitarle el poder a un presidente de la República. Sin embargo, Belisario reconoció su responsabilidad una vez terminado el caso del Palacio de Justicia. Pero, técnicamente, el presidente no estuvo al frente ni conoció en detalle lo que estaba sucediendo en el Palacio.¿Usted cree que 40 años después sigue habiendo una especie de pacto de silencio frente a los hechos que ocurrieron en el Palacio el 6 y 7 de noviembre del año 85?Ángela María Buitrago jugó un papel importante para reabrir las investigaciones judiciales. Foto:LAURA DUSSÁN EL TIEMPOSí. Incluso, en muchos de los debates que se convocaron en el Congreso, salió un documento firmado por los congresistas de esa época en el que se decía que no se iba a investigar a nadie.La idea era mantener en silencio absolutamente todo lo que había pasado, esperando que la gente simplemente superara lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Pero el pacto era clarísimo. Era, es y será un pacto de silencio.Plazas Vega fue finalmente absuelto por la Corte Suprema de Justicia en Casación. ¿Usted cómo ve su figura en esas 28 horas de guerra en el centro Bogotá?Desde el comienzo hay que acudir a la narración del coronel Sadovnik, que era el segundo comandante de la brigada.El coronel Sadovnik decía: “Me desobedeció, se enfrentó conmigo, hizo lo que quería hacer y, sobre esa base, llevó los tanques de guerra sin que yo siquiera le hubiera dado la orden”. LEA TAMBIÉN Hay que recordar, además, que el coronel Plazas era yerno del entonces ministro de Defensa. Así lo mencionan todos los declarantes. Era su yerno y, por lo tanto, tenía cierta libertad para hacer muchas cosas dentro del escenario de las operaciones.Él mismo lo reconoce en un libro que escribió, donde relata el nivel de pelea con su comandante superior, el coronel Sadovnik, y admite que le contestó groseramente, pero que aun así decidió llevar los tanques aunque no tuviera autorización.¿Qué historia humana del expediente que reunió la conmovió más?Se pueden contar muchas historias humanas, porque me ha tocado ver cómo crecen los nietos, los hijos, las esposas… todos detrás de la idea de saber qué pasó en el Palacio de Justicia. Pero hay una en particular que me conmueve profundamente: la de Rosalbina de León.Rosalbina trabajaba en la cafetería del Palacio, encargada de lavar la vajilla. Ese día se enfermó y mandó a su hija en su lugar. Su hija murió en la toma del Palacio, y Rosalbina cargó toda la vida con la culpa de que, por haberla enviado a reemplazarla, su hija perdió la vida allí.¿Qué piensa usted de Belisario Betancur hoy?El presidente Betancur en reunión con su gabinete señala los planos del Palacio. Foto:EL TIEMPOYo creo que Belisario Betancur, con todo el respeto que me merece —porque era una gran persona—, estuvo un poco desconectado de la realidad de la toma del Palacio de Justicia. Quizás confió demasiado en la fuerza pública y no indagó lo suficiente sobre lo que realmente estaba ocurriendo.Él debía haber dado la orden inmediata de cesar el ataque con tanques de guerra a un edificio completamente cerrado, en medio de la ciudad.Si uno revisa los archivos de la Escuela de Caballería y del Ejército Nacional, se considera que fue la peor operación militar realizada, con procedimientos no permitidos y bajo condiciones que no pudieron ser más graves.Belisario, entre otras cosas —y lo digo con mucho respeto—, era tan buen hombre que era poeta, y tal vez no alcanzó a dimensionar la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la toma y retoma.Incluso, cuando se afirma que el presidente Reyes Echandía era rehén y por eso no podía hablar con él, lleva a inferir que no le permitían comunicarse precisamente porque no querían que supiera lo que realmente estaba pasando adentro.¿Quién mató al presidente de la Corte Suprema?Mire, la investigación sobre ese punto arrojó que los proyectiles que tenía el presidente Reyes Echandía —esa fue una indagación anterior a mi proceso— no correspondían a las armas del M-19. Lo mismo ocurrió con otros casos de personas que fueron ejecutadas: las balas tampoco provenían de armas del M-19.No sabemos quién lo mató, pero lo que sí es cierto es que no había correspondencia entre el proyectil hallado en el presidente Reyes y las armas utilizadas por el M-19.SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADOMás noticias