La Corte Suprema de Justicia confirmó, con leves ajustes, las condenas de los policías involucrados en el homicidio del joven Diego Felipe Becerra, asesinado la noche del 19 de agosto de 2011 mientras pintaba grafitis con un grupo de amigos en el costado occidental del puente de la calle 116 con avenida Boyacá, en Bogotá.Cuando Becerra y los demás grafiteros advirtieron la presencia de una patrulla, emprendieron la huida y se escondieron hacia el barrio Pontevedra.Homenaje floral a Diego Felipe Becerra tras diez años de su muerte. Foto:Néstor GómezEn simultáneo, el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas había sido alertado de que, por ese mismo sector, varios hombres habían robado a pasajeros de una buseta. Al percatarse de que unos adolescentes huían —sin conocer la razón— decidió perseguirlos e incluso hizo un disparo al aire para intentar detenerlos, sin éxito.A la altura de una vía cerrada, en la calle 116A con carrera 71C, Alarcón alcanzó a los jóvenes y los requisó. No encontró ningún indicio de que hubieran cometido el hurto reportado. Pero en un descuido del uniformado, Daniel Felipe Becerra volvió a correr. El patrullero lo siguió y, a corta distancia, le disparó con su arma de dotación. Aunque el menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Shaio, falleció poco después.Para intentar pasar su muerte como legítima en medio de un operativo policial, en el lugar donde cayó herido el adolescente fue implantada una pistola cromada calibre 22, marca Sterling, que no estaba en el suelo ni cerca del andén donde quedó tendido.Tampoco coincidía con el arma descrita en el asalto a la buseta y, aunque era apta para disparar, no estaba en buen estado. La prueba de absorción atómica realizada al cuerpo del joven grafitero, además, dio negativo para residuos de dispar. En sus manos solo había restos de pintura.Tras el levantamiento del cadáver llegaron al lugar el entonces subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel José Javier Vivas Báez, y el teniente coronel Nelson Jesús Arévalo Rodríguez, comandante de la estación E-11 de Suba. Ambos estuvieron presentes junto al patrullero Alarcón y, según la investigación, dieron su visto bueno para la “escenificación” del lugar de los hechos, pieza clave del falso positivo judicial.Por este montaje fueron investigados el subteniente Rosemberg Madrid Orozco; Jorge Eliecer Narváez; el sargento primero Juan Carlos Leal Barrero; el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas; Héctor Hernando Ruiz Echeverría (ya fallecido); el patrullero Fleyber Leandro Zarabanda Payán; el coronel José Javier Vivas Báez; Jhon Harvey Peña Riveros; y el teniente coronel Nelson Jesús Arévalo Rodríguez.La Corte Suprema de Justicia revisó las condenas del coronel (r) Arévalo, el subteniente Zarabanda, el sargento Leal y el patrullero Alarcón (quien disparó contra el joven grafitero) y decidió ratificar las sentencias, con leves ajustes, incluida la reducción de la pena del patrullero Alarcón, de 20 años y seis meses a 19 años de cárcel.Adriana Lizarazo y Gustavo Trejos, padres de Diego Felipe Becerra. Foto:Édgar Sebastián López / EL TIEMPOEn el caso de Zarabanda Payán y Arévalo Rodríguez, la defensa sostuvo que los hechos que sustentan la imputación y la acusación presentados por la Fiscalía fueron insuficientes, ya que solo se detalló lo referente al homicidio de Becerra, que según ellos es ajeno a la alteración de las pruebas que se les atribuían. En el caso de Arévalo Rodríguez, la defensa añadió que el proceso debió tramitarse en la justicia penal militar.La Sala Penal desvirtuó estos argumentos, señalando, entre otras razones, que “los hechos que les fueron imputados —esto es, la obtención de un arma de fuego y su implantación en la escena donde cayó abatido el joven grafitero para encubrir el homicidio que sobre él cometió el patrullero Wilmer Antonio Alarcón— no tienen relación alguna con las funciones que constitucional y legalmente les corresponden, más aún cuando las conductas objeto de acusación resultan abiertamente opuestas a sus funciones y, por supuesto, ajenas al campo de competencia de la justicia penal militar”.En cuanto a Zarabanda Payán, sus abogados impugnaron la condena alegando errores en la tasación de la pena y en la calificación de las pruebas, reclamos que también fueron desestimados.El alto tribunal otorgó plena credibilidad a testimonios como los del patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo, compañero de turno de Wilmer Alarcón, y de otros dos testigos que el 19 de agosto de 2011 estuvieron en el lugar de los hechos y confirmaron el rol criminal que cumplió cada uno de los condenados.“La Corte encuentra múltiples puntos coincidentes que les dan un valor probatorio suficiente para descartar los errores que, por vías directas e indirectas, alegan los defensores de los procesados Zarabanda Payán y Arévalo Rodríguez. En efecto, coincidieron en referir no solo su presencia en los distintos escenarios mencionados, sino también la de los aquí aludidos, a quienes observaron tanto en la Clínica Shaio como en el lugar donde cayó abatido Daniel Felipe Becerra”, se lee en la sentencia. El sargento Leal fue condenado a 20 años de prisión por porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, y falsedad en documento público; el subintendente Zarabanda, a 19 años; y el patrullero Alarcón, también a 19 años. La Corte decidió no casar la sentencia contra el coronel Arévalo.UNGRD: Imputación a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia