“El Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y de representantes de los principales sectores sociales del país, quienes envían un mensaje claro: es hora de superar el bloqueo institucional”. En esos términos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompañó la radicación del comité de recolección de firmas para la convocatoria de una asamblea constituyente ante la Registraduría, el pasado 28 de diciembre.El acompañamiento del Gobierno a esta iniciativa recibió duras críticas de distintos sectores políticos, que advierten que la propuesta —que desde el Ejecutivo han defendido como de “origen popular”— podría convertirse en gasolina para el discurso político de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de este año.De hecho, para ratificar el origen ciudadano del proyecto, el borrador de 36 páginas está firmado por la Comisión Técnica, Jurídica y Social, una agremiación que reúne a más de 20 organizaciones sociales. Uno de los roces que terminó generando ruido en el gabinete y que propició la salida de Eduardo Montealegre fue el anuncio de este proyecto de ley como una iniciativa del Ministerio de Justicia, lo que desvirtuaba el discurso del Presidente sobre el “legislador primario”.Sin embargo, EL TIEMPO conoció que detrás de ese comité, que tiene la venia del presidente Petro, aún sigue figurando el exministro de Justicia, además del periodista Javier García Felizzola y los abogados Héctor Castro, Jorge Casas Molano, Nelson García, Alfredo Henao, Rafael Duque y Blanca Torres, entre otros.”Nosotros capturamos la pelota de Montealegre y avanzamos en esa ruta. En 2023, cuando el Presidente planteó este proyecto, se activaron procesos constituyentes en todo el país. En Santander, por ejemplo, se creó una unidad popular constituyente llamada Comunera. Lo mismo ocurrió en Cundinamarca. En Bogotá se impulsó desde la Red Nacional por la Constituyente, y así han ido surgiendo iniciativas en distintas regiones del país”, le dijo a este diario García Felizzola.Pese a este proceso, el exministro Montealegre hizo público, el 23 de octubre de 2025, un bosquejo de proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente, que incluso contemplaba facultades extraordinarias para el Presidente y que terminó por crispar los ánimos de cara a la campaña, en un momento en el que varios de los principales alfiles del gabinete —incluido el propio Montealegre— agitaban la bandera reeleccionista.“La Asamblea Constituyente reformará la totalidad de la Constitución Política, no revocará al Congreso y tendrá como límites los compromisos internacionales previamente adquiridos en materia de derechos humanos, las normas del ius cogens, la prohibición de retroceso en derechos fundamentales y el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales”, rezaba el documento de autoría de Montealegre, que finalmente no llegó a puerto en el Congreso.Tras la salida de Montealegre y ya no bajo su investidura de funcionario sino de ciudadano, se continuó trabajando en la nueva propuesta. Según fuentes cercanas al proceso, se creó una mesa técnica para la redacción del proyecto de ley, conformada por 30 organizaciones populares.”Lo que hacemos es tomar el borrador de Montealegre como punto de partida y, a partir de él, convocar mesas técnicas para la redacción del documento y construir los insumos o mandatos populares, que recogen las razones por las que el pueblo quiere una Constituyente. No se contempla la reelección, pero sí el bloqueo a las reformas sociales y temas como las bases militares de EE. UU.”, agregó el periodista García Felizzola, hoy coordinador de la Red Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales por la Constituyente en Colombia.Todo el proceso, según los mismos convocantes, ha sido acompañado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha hecho la interlocución entre las bases promotoras y la Casa de Nariño. Aseguraron que Sanguino ha estado presente en todas las etapas y que ya están listos el Comité Nacional de Impulso, el comité promotor y “las comisiones de trabajo —financiera, internacional, de relaciones interinstitucionales y logística—, además del comité de notables”.Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia