¿Por qué, si se podía reducir el salario de los congresistas vía decreto, se hizo hasta ahora? Esa es la pregunta que acompaña la celebración, a baja voz y en distintos sectores, de la derogación de la prima de servicios especiales, que le quita, de un plumazo presidencial, 17 millones de pesos mensuales del jugoso sueldo de los parlamentarios y de otros altos funcionarios del Estado.La medida, sumamente popular por la brecha de más de 24 veces el salario mínimo mensual legal vigente, se enmarca en una seguidilla de decretos, como la reducción del precio de la gasolina y el aumento del 23 % del SMLV, que, según analistas políticos, tendría un tufillo electoral, de cara a los comicios legislativos y presidenciales, en marzo y junio. A la reforma del salario de los congresistas le quedan tres debates en menos de 22 días. Foto:Senado / Archivo particular“Esta es una jugada que se suma a la baja del precio de la gasolina, al aumento irresponsable del 23 % del salario mínimo, a pocos meses de las elecciones. Todo esto pudo hacerlo en los primeros años del Gobierno: ¿por qué hacerlo ahora? Por eso, todas estas decisiones deben leerse en clave política”, le dijo a este diario el columnista Gabriel Cifuentes. No obstante este nutrido poder presidencialista, que ha sido aprovechado en los últimos años de mandato para dejar en Casa de Nariño a un sucesor, está sujeto a un control judicial. Y, todos los decretos son demandables ante el Consejo de Estado que revisará su legalidad. Pueden contar con el respaldo ciudadano, pero si están viciados o no tienen el piso jurídico, pueden caerse en las altas cortes. El decreto que derogó la prima de servicios especiales de los congresistas, por ejemplo, puede ser demandado alegando la pérdida de derechos adquiridos.Consejo de Estado. Foto:Jesús Blanquicet“Si la justicia las tumba, esta y otras medidas como el aumento del salario mínimo, el Presidente activará el discurso del bloqueo institucional y del ‘golpe blando’, una narrativa pensada para alimentar la idea de una constituyente, que será uno de los ejes centrales de la campaña”, agregó el analista Cifuentes. Existe un antecedente. En agosto de 2020, la Corte Constitucional derogó el ‘impuesto solidario’, un decreto que ordenó la deducción entre el 10 y el 20 % de los honorarios de los altos funcionarios, con suelos de más de 10 millones de pesos, para hacer frente a la crisis fiscal por la pandemia del covid-19.Al haber sido expedido bajo el estado de excepción, era sujeto del control constitucional.La Corte alegó que el impuesto debió cubrir a todas las personas naturales que reciben ingresos superiores a los 10 millones de pesos por salarios, pensiones, arriendos, dividendos y rendimientos financieros, entre otros, y no únicamente a los trabajadores del Estado.Por esta ‘discriminación’, añade el tribunal, se violaron los principios de la generalidad del tributo y la equidad tributaria horizontal.Mientras decide de fondo, el Consejo de Estado podría decretar una medida cautelar que suspenda sus efectos. De no hacerlo, a los congresistas, magistrados y generales, les llegará menos salario a partir del 20 de julio, es decir, el nuevo Congreso.Impacto del alza del salario mínimo en el empleo en Bogotá. Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia