En medio del debate sobre la constitucionalidad del decreto de emergencia económica, y ante la solicitud que radicará el magistrado Jorge Enrique Ibáñez para suspenderlo, Augusto Alfonso Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, presentó una recusación para que Ibáñez se aparte del estudio de la constitucionalidad del decreto.La solicitud llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo quien ya ordenó pruebas tanto al Ejecutivo como a académicos y expertos para definir sobre el futuro de esta norma que busca recaudar, a través de impuestos con fuerza ley, 11 billones de pesos.La recusación se presentó, según el demandante, luego de la entrevista que el presidente de la Corte sostuvo con este diario en la que aseguró: “Revisar la jurisprudencia y ampliarla, como lo piden muchísimas solicitudes, con el propósito de que, con los decretos de los estados de excepción, en este caso del estado de emergencia, se pueda decretar la suspensión provisional, y ese es un tema que tiene que resolver la Corte de manera inmediata”.El Gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó que la Sala Plena de la Corte decida la solicitud antes de debatir una medida cautelar, mientras se adopta una decisión de fondo.”Las declaraciones públicas del magistrado Ibáñez que comprometen su imparcialidad se relacionan, no solo con la decisión de constitucionalidad que debe adoptar la Corte, sino de manera directa con la resolución de las solicitudes de suspensión provisional”, dice el documento.Y añade: “Cuando un magistrado de la Corte Constitucional, y más aun su presidente, formula declaraciones públicas que anticipan la necesidad de revisar y ampliar la jurisprudencia precisamente para hacer viable la suspensión de un decreto expedido por el Gobierno, no solo compromete su imparcialidad personal, sino que erosiona el principio democrático mismo”.Gobierno Petro recusó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Foto:Corte Constitucional.El pulso en la Corte Constitucional ha dejado al descubierto las divisiones políticas entre los magistrados, reflejadas en una votación cerrada sobre el momento para asumir el estudio del decreto. Ese ajustado equilibrio podría repetirse ante una eventual medida cautelar inédita, en un ambiente marcado por las acusaciones del presidente sobre un supuesto “bloqueo institucional”.Entra en juego la carta del Gobierno -que debe decidir el magistrado Camargo- para que el magistrado Ibáñez no participe en el análisis de las solicitudes para suspender el decreto, lo que congelaría el IVA del 19 % a bebidas alcohólicas y juegos de azar, impuesto rechazado por varios gobernadores. La decisión se basaría en conceptos del trámite probatorio, que hasta ahora coinciden en que el decreto sería nulo por no responder a hechos sobrevinientes.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com