El presidente Gustavo Petro, a través de su secretario jurídico, volvió a recusar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, esta vez para apartarlo del debate de la reforma pensional, del que es el ponente. Para el mandatario, se violó la causal que les prohíbe a los jueces emitir conceptos jurídicos sobre los temas que deberán decidir, en una entrevista que concedió el presidente de la Corte a este diario, publicada el pasado 18 de enero.Sala Plena de la Corte Constitucional Foto:Corte ConstitucionalEn las respuestas que dio el magistrado en esa entrevista, Presidencia sustentó otra recusación en su contra, pero para sacarlo de la discusión de la emergencia económica.En este nuevo recurso, sobre otro de los temas ‘gordos’ que tramita la Corte Constitucional, Presidencia alega que “las declaraciones públicas del magistrado Ibáñez que comprometen su imparcialidad se relacionan con su manifestación de que el vicio de trámite no se subsanó, prejuzgando desde ya una decisión de constitucionalidad de la norma”.“Por lo tanto, es necesario que, antes de que la Sala Plena de la Corte Constitucional inicie el estudio relacionado con la decisión del expediente, se decida la presente recusación”, agrega. Actualmente, la reforma pensional ya estaba en el trámite de decidir la ponencia, de autoría del magistrado Ibáñez, que pedía tumbar la norma luego de que la Cámara no hubiera discutido y votado el articulado, sino que aprobó, a ‘pupitrazo’, el proyecto que venía del Senado.Tras una primera ronda deliberatoria que terminó en empate y luego de que la Sala Plena aceptara la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, la Corte se disponía a reiniciar la votación con el apoyo de un conjuez. Corte Constitucional Foto:Cortesía”No puede pasarse por alto que las declaraciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar se producen en un contexto institucional particularmente sensible, en el que decisiones recientes y pronunciamientos públicos provenientes de la Corte Constitucional han sido percibidos por amplios sectores de la ciudadanía como sistemáticamente adversos a las políticas, reformas y decisiones del Gobierno democráticamente elegido por el presidente Gustavo Petro Urrego”, agrega la recusación remitida por Presidencia. Además, recalca en el “deber de autocontención, reserva y neutralidad” que se intensifica por presidir la corporación. “Cualquier manifestación que anticipe, sugiera o proyecte una orientación decisoria frente a actos del Ejecutivo profundiza la percepción de una justicia constitucional alineada contra el Gobierno, riesgo objetivo de afectación a la confianza pública en la neutralidad de la justicia constitucional”, agrega el documento. Ahora la siguiente en la lista, la magistrada Paola Meneses, tendrá que presentar a la Sala Plena (los otros ocho magistrados) la ponencia sobre si, por las razones que dio el Gobierno, se debe apartar al magistrado Ibáñez del proceso.El Consejo de Estado estudia una demanda contra esta gabela Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia