La Justicia federal argentina avanzó este miércoles en el pedido de extradición de Nicolás Maduro Moros desde Estados Unidos, en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La decisión fue firmada por el juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 2, y se apoya en una investigación abierta en 2023 bajo el principio de jurisdicción universal.El fallo recoge y da trámite a los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal y la querella, incorpora antecedentes de la Cámara Federal y ordena librar un exhorto internacional a Estados Unidos para solicitar formalmente la extradición del mandatario venezolano. Según el texto judicial, la medida se dicta “en atención a la orden emanada de la Sala I de la Excma. Cámara” y en cumplimiento de resoluciones previas que dispusieron su detención y la recepción de declaración indagatoria.En concreto, el juzgado solicitó la extradición de Maduro “quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”, con el objetivo de someterlo a proceso y dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. El pedido se canaliza conforme al Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos el 10 de junio de 1997, y debe ser tramitado a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería argentina, junto con la documentación exigida.Solicitud de extradición de Nicolás Maduro. Foto:Cortesía.Fuentes del expediente señalaron que, con esta decisión, la Argentina deja formalizado su reclamo para que Maduro sea juzgado en ese país en caso de que quede en libertad en Estados Unidos o una vez cumpla una eventual condena allí. El juzgado dejó asentado que el exmandatario permanece requerido por la Justicia argentina para responder por delitos de lesa humanidad.La causa se originó en 2023 a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). La acusación se sustenta en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los Estados a investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad de las víctimas o de los presuntos responsables.En septiembre de 2024, el juez Ramos ya había ordenado la detención de Maduro y del entonces ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, así como de otros integrantes del Gobierno de ese país. Tras esa decisión, la Cámara Federal dispuso que se notificaran las órdenes de captura a Interpol y sostuvo que la cúpula del poder venezolano ejecutó “un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada” contra la población civil, mediante prácticas de persecución, secuestro, tortura y asesinato.Nicolás Maduro va hacia la Corte Foto:Redes socialesEl avance del expediente en Argentina se produjo en paralelo al proceso que enfrenta Maduro en Estados Unidos. Según consta en el expediente, el 3 de enero fue capturado por autoridades estadounidenses y enfrenta un juicio en Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Dos días después de esa detención, el fiscal Carlos Stornelli solicitó al juez argentino que se iniciara el procedimiento de extradición activa para que el acusado sea sometido al proceso abierto en Buenos Aires.En la resolución firmada esta semana, Ramos también ordenó la “urgente traducción” del exhorto internacional, subrayando la necesidad de cumplir con todos los requisitos formales del tratado bilateral. El trámite queda ahora sujeto a una última revisión por parte de instancias superiores del Poder Judicial argentino.“Esta decisión queda pendiente de una última revisión por parte del Tribunal Supremo de la Argentina y, una vez que esto sea confirmado, esperemos que sea así, pues ya en los Estados Unidos habrá un mandato formal para que Nicolás Maduro, una vez se ha resuelto el procedimiento ante la Corte de Manhattan, lo envíen a ese país”, afirmó el abogado Juan Carlos Gutiérrez, representante de víctimas ante la Corte Penal Internacional.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com