Así como lo hizo el martes con el exsecretariado de las antiguas Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió ayer su primera e histórica condena por ‘falsos positivos’ contra 12 militares retirados. En esta, a diferencia de la sentencia proferida contra los ex-Farc, sí se aclaran varios aspectos frente a la restricción de la movilidad de los comparecientes.La determinación contra los otrora militares del Batallón La Popa tiene un paquete de seis sanciones. Uno de estos trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador (Toar) es la construcción de bóvedas y 700 osarios, tarea que deberán llevar a cabo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En estos espacios se inhumarán los cuerpos de algunas de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones que perpetraron en el norte del Cesar y el sur de La Guajira entre enero de 2002 y julio de 2005, los años más álgidos del conflicto.JEP. Foto:MAURICIO MORENOSe contemplan sentencias entre cinco y ocho años, pues la JEP aplicó descuentos a quienes ya pagaron cárcel por estos hechos en la justicia ordinaria. Así, a Guillermo Gutiérrez Riveros, Manuel Valentín Padilla Espitia y Eduart Gustavo Álvarez Mejía se les impuso la pena máxima de ocho años. A Yeris Andrés Gómez Coronel y Álex José Mercado Sierra, siete años. A Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Carlos Andrés Lora Cabrales, Juan Carlos Soto Sepúlveda y José de Jesús Rueda Quintero, seis años. Y a Carlos Andrés Lora Cabrales y Elkin Leonardo Burgos Suárez, cinco años.La JEP develó dos patrones criminales en el asesinato y desaparición forzada de 135 personas presentadas como bajas en combate para engrosar los resultados operacionales ordenados por la comandancia militar. El primero tiene que ver con las alianzas entre miembros de la Fuerza Pública y frentes del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para matar civiles. El segundo, contra personas en situación de vulnerabilidad capturadas arbitrariamente o engañadas por el batallón. Un buen número de ellas, integrantes de pueblos indígenas, afrodescendientes o menores de edad.“Las víctimas son el centro de este proceso. Sus aportes y expectativas se ven reflejados en las sanciones. Ninguna medida puede devolver plenamente lo perdido ni responder a todas las demandas de verdad, pero esta sentencia abre caminos de dignificación y restauración. Es más beneficioso para el país que los responsables no sean confinados en prisiones, donde la verdad y las posibilidades de reparación quedarían encerradas, sino que estén obligados a responder a las comunidades con acciones restauradoras”, dijo la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias.Ana Manuela Ochoa, magistrada ponente del caso 03. Foto:MAURICIO MORENOEn esta sentencia, el tribunal dejó claro el límite del perímetro en el que se harán las restricciones a la movilidad. Los 12 militares (r) vivirán en Valledupar los primeros años de sanción, los cuales dedicarán a la construcción del mausoleo en el cementerio del Ecce Homo.Si bien tendrán libertad de desplazarse en horarios en los que no estén cumpliendo las sanciones, no podrán salir del país, “del municipio en donde residan o del espacio territorial fijado por la JEP para la realización de los Toar sin previa autorización”, que debe pedirse mínimo tres días antes. Si los sancionados no cuentan con un lugar de residencia en el municipio donde se ejecuten los Toar, deberán alojarse en la unidad militar más cercana o en viviendas asignadas por el Ministerio de Defensa, que garanticen buenas condiciones de habitabilidad y seguridad.Durante su estancia en unidades militares deberán respetar las normas internas. La JEP aclara que esto no implica la sujeción al régimen carcelario aplicable a quienes cumplen penas privativas de la libertad.Su lugar de residencia irá cambiando en la medida en la que sean asignados a otros proyectos. Los que siguen en lista son la construcción del Centro de armonización para el buen vivir del pueblo kankuamo.JEP. Foto:MAURICIO MORENOLos antiguos miembros de la Fuerza Pública, pala y pica en mano, apoyarán labores de cimentación y nivelación de terrenos, mantenimiento de la vía de acceso de la placa-huella y la instalación de sistemas de riego. También participarán en actividades simbólicas restaurativas con carácter étnico para reparar a una de las poblaciones más afectadas por los ‘falsos positivos’ en el norte del país.Estas labores de construcción, carpintería y albañilería se replicarán en otros proyectos como el Centro Integral Cultural y de Memoria Omonapa del pueblo wiwa; los productivos multipropósito, urbano y rural ‘Sembradores de amor y paz’; las casas multipropósito ‘Sanando memorias, reconstruyendo vidas’, y la Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero. La Fuerza Pública se encargará de su seguridad en los territorios más afectados por los crímenes perpetrados, custodiando, por ejemplo, su traslado desde el lugar de residencia hasta donde realizarán los Toar.El nivel de participación en los trabajos asignados fue otra de las grandes diferencias frente a la sanción contra los ex-Farc, quienes aportarán información sobre desaparecidos y campos minados, y participarán en espacios radiales y actos de perdón. La edad de los exjefes guerrilleros, todos mayores de 65 años, y su estado de salud, fueron dos de los factores que pesaron para imponer sanciones que a simple vista, y según los reparos de algunas víctimas, parecerían más laxas.La sentencia de La Popa incluso especifica el uso de las redes sociales. La única restricción que les impuso a los militares (r) fue sobre el contenido susceptible de afectar a las víctimas o exponer su seguridad.El monitoreo del cumplimiento de la sentencia estará a cargo de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Sección de Reconocimiento de la JEP, a través del dispositivo electrónico que enviará en tiempo real coordenadas y movimientos, alertando sobre cualquier violación al perímetro fijado. Este mismo sistema se aplicará a los siete integrantes del último secretariado de las Farc.Redacción Justicia