El segundo decreto derivado de la emergencia económica, proferido por el Ministerio de Minas, aterrizó en la Corte Constitucional. EL TIEMPO conoció en primicia que fue asignado por reparto al magistrado Vladimir Fernández.Sobre el decreto ‘madre’, con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de excepción el 22 de diciembre —en plena vacancia judicial—, hay una decena de solicitudes de suspensión, incluida la del magistrado ponente, Carlos Camargo.El magistrado Juan Carlos Cortés, ponente del primer decreto reglamentario, que impuso el IVA del 19 % a las bebidas alcohólicas y apuestas en línea, por su parte, pidió la suspensión parcial que tumba este impuesto, pero salvaría los gravámenes directos como al patrimonio superior a 2.000 millones de pesos.La Sala Plena analizará ambas ponencias en las que se contempla estrenar la medida cautelar en el alto tribunal, creada en 2023 para congelar los efectos de actos abiertamente arbitrarios e inconstitucionales. Decreto de ‘aporte solidario de energía’El 21 de enero fue publicado el segundo decreto reglamentario, expedido por el Ministerio de Minas para “garantizar la continuidad del servicio de energía pública domiciliaria”, sobre todo en regiones críticas como el Caribe.La cartera justifica el documento en “una perturbación grave e inminente del sistema eléctrico, derivada de la acumulación de factores financieros, operativos y estructurales que han deteriorado la liquidez de varios agentes del mercado”. Esta situación ya venía siendo alertada por la Contraloría y la Procuraduría, que mostraron preocupación por la mora del Gobierno a los operadores en el pago de los subsidios a los estratos 1 y 2 de estos servicios.