“Los ricos también lloran”. Esta fue la polémica respuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al gerente del hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, quien clamó por el pronto pago de las EPS -entre estas, las intervenidas por el Estado- para poder girar el sueldo, atrasado desde hace cuatro meses, al personal médico.Esta situación, que se traduce en fallas en la atención y que es palpable en las quejas y tutelas de los pacientes, está respaldada por las cifras del último informe de la Contraloría, que advierte una “asfixia financiera” de la red pública hospitalaria.Contraloría General de la República Foto:Edmer Tovar. ELTIEMPO”Persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos previamente advertido”, señaló el ente de control a través de un comunicado.Citando información de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Acesi), la Contraloría pone en mayúscula el 42 % del aumento, entre 2024 y 2025, de la cartera de las seis EPS con mayor deuda. Pasó de 4,5 billones a 6,4 billones de pesos de mora. Las EPS no están desembolsando la plata que necesitan hospitales e IPS para funcionar. “Esta brecha entre lo facturado y lo efectivamente pagado ha impactado severamente la liquidez, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de los hospitales públicos”, advierte la entidad.Su análisis desglosa que, en 2024, los hospitales públicos facturaron 18,8 billones de pesos, pero solo se les pagaron 15 billones, es decir, el 84 %. Y, entre enero y septiembre de 2025, se facturaron 16 billones, pero se les giraron únicamente 12 billones.Sobrecostos en camillas, mercados y hasta implementos de aseo se han detectado en varias regiones. Foto:Contraloría GeneralLa Contraloría destaca el aumento promedio mensual de los desembolsos de la ADRES, que pasó 846 mil millones en 2024 a 1 billón en 2025, pero que, en un corto circuito de la cadena de intermediación, “no se ha reflejado en la mitigacación de la cartera”. “La deuda de la red pública hospitalaria pasó de 12,5 billones en 2024 a 16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, un incremento del 30 % en solo nueve meses”, subraya la entidad.Otro de los puntos de dolor es una alta concentración del giro directo en los prestadores privados, que recibieron el 67 % de los recursos de la salud, versus los hospitales públicos, que solo recibieron el 23 %.”Desde la perspectiva del control fiscal, la Contraloría advirtió que las demoras en los giros incrementan el riesgo de desfinanciamiento institucional, afectan la eficiencia en el uso de los recursos públicos y pueden derivar en mayores presiones fiscales futuras para el Estado, configurando un riesgo de daño patrimonial conforme al artículo 6 de la Ley 610 de 2000″, agregaron.Una de las prestadoras que se raja es la Nueva EPS, que está bajo intervención estatal desde abril de 2024, y que no ha presentado estados financieros desde el 2023. “El órgano de control pudo verificar con la Adres, que existen recursos correspondientes a presupuestos máximos de la Nueva EPS disponibles para ser girados a las IPS (u hospitales como el de Itagui), cuya aplicación inmediata permitiría aliviar la situación financiera, especialmente en los niveles de baja complejidad de la red pública”.Continúa el Foro Económico Mundial en Davos. Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia