La Contraloría General elaboró un informe que raja a la educación superior pública en materia de autosostenibilidad financiera. Al analizar el comportamiento del sistema entre 2019 y 2024, se concluyó que de las 34 universidades que hay en Colombia, solamente una puede mantenerse con recursos propios, lo que vuelve a poner sobre la mesa el difícil panorama que históricamente ha afrontado la educación en materia de financiación.El estudio conocido por EL TIEMPO se llama ‘Sostenibilidad financiera de las universidades públicas colombianas 2019-2024’. Es decir, comprende el periodo de gobierno de Iván Duque y los dos primeros años del presidente Gustavo Petro. Pero, más allá de hacer menciones directas o hablar sobre las políticas de cada administración, el reporte se centra en la dependencia de los recursos estatales que tienen las instituciones públicas superiores para funcionar.El reflejo de la preocupante situación es que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) es la única autónomamente sostenible, ya que son mayores sus ingresos propios que sus gastos y costos. Hasta 2024, tuvieron un saldo a favor de 35.892 millones de pesos, lo que, según la Contraloría, es muestra de la diversidad de opciones que tiene para solventarse. De resto, todas las instituciones están en saldo rojo, siendo la que menos pierde la Universidad Militar, con 13.714 millones, y la del monto más negativo, la Universidad Nacional, con 764.220 millones de pesos.“Al analizar la capacidad de las universidades para cubrir sus costos y gastos operativos exclusivamente con ingresos propios, con el fin de evaluar su nivel de autonomía financiera y sostenibilidad sin apoyo de recursos del nivel central, se identificó que únicamente la Unad, debido a las particularidades de su modelo de prestación de servicio, logra financiar completamente su funcionamiento con recursos propios”, dice el informe de la Contraloría.Universidad Nacional Abierta y a Distancia – Unad sede nacional, en Bogotá. Foto:UnadLa radiografía genera más alarmas si se analiza el margen de utilidad bruta; es decir, los costos de operación comparados con los ingresos operacionales (giros del Estado y matrículas) de cada universidad. En este factor, la del Sucre se raja por un 221,62 %, “lo que significa que por cada peso recibido, la universidad pierde más de dos pesos. Este resultado refleja una grave ineficiencia operativa y evidencia que la institución no es financieramente sostenible con sus propios recursos. Su funcionamiento depende en gran medida, e incluso exclusivamente, de las transferencias que recibe del Estado”. En plata blanca, para la Contraloría, la Universidad del Sucre no existiría sin recursos de la Nación.El panorama cambia cuando se tienen en cuenta no solo los ingresos propios, sino también las fuentes de financiación externas, como lo son las inyecciones de recursos del orden nacional o territorial. Las cifras bajo esta medición ponen a la Universidad Nacional y a la Unad con unos excedentes considerables en sus cuentas de 323.508 y 164.557 millones de pesos, respectivamente.Ahora, frente al pago de nóminas y otros gastos similares, de las 34 universidades, únicamente cuatro logran cubrirlos con sus ingresos propios: la Unad, la Universidad Militar, la Tecnológica de Pereira (UTP) y la UdeA.Universidad Nacional. Foto:EL TIEMPOVariables como estas hacen parte del reporte de 165 páginas que hizo la delegada de la Contraloría para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, a cargo de Andrey Rodríguez. El informe incluyó un examen a 186 documentos que contienen los ingresos, gastos, costos, inversión, solvencia y endeudamiento de 33 de los 34 centros educativos, ya que la Universidad Autónoma Indígena Intercultural no compartió sus estados.Las conclusiones se conocen en medio de distintos debates que se han dado en los últimos meses por diferencias políticas entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la Gobernación de Antioquia alrededor precisamente de la autonomía universitaria de la UdeA. En esa institución, el Ministerio de Educación retiró del cargo al rector John Jairo Arboleda por el deterioro en las finanzas. En respuesta, el directivo resaltó que la crisis por la que pasa la institución lleva más de 20 años, apuntando a que su salida es “ilegal, arbitraria e injusta”.A eso se suma la puja jurídica en la que terminó la rectoría de la Universidad Nacional, donde aún no hay un rector en firme luego de que el Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera, decisión que fue un golpe para el gobierno Petro. El alto tribunal determinó que no hubo vicios en la elección de Ismael Peña, quien reclama la jefatura de la institución de educación superior más grande del país.Campus de la Universidad de Antioquia, en Medellín. Foto:Universidad de Antioquia.El pasivo pensionalAdemás de la falta de sostenibilidad autónoma, una de las grandes falencias que concluye el reporte es el pasivo pensional: lo que destinan las entidades para trabajadores que formaron parte de sus filas. Entre 2019 y 2024, este rubro en el sector educación pasó de 10,1 billones a 10,3 billones de pesos, lo que para la Contraloría es un aumento que parece moderado al dividir lo que corresponde a las universidades públicas, pero que es alto y termina siendo una carga para la solvencia institucional si no se empieza a concebir el sistema desde otra óptica.“El hecho de que los pasivos pensionales se mantengan en montos tan altos confirma que, más allá de las transferencias estatales, las universidades deben seguir afrontando compromisos históricos que afectan su autonomía financiera, la posibilidad de inversión en proyectos estratégicos para la educación superior y, por ende, se afecta la calidad de la educación superior”, dice el estudio, que añade que una buena financiación es indispensable para garantizar la operatividad y calidad del servicio.Ejemplos de un manejo sólido de instituciones con obligaciones pensionales a cargo son la UTP y la Universidad Surcolombiana, distinto de la Univalle o la Tecnológica del Chocó, que presentan cifras en rojo.Universidad del Valle, Cali. Foto:Archivo EL TIEMPOOtro de los hallazgos es la concentración de recursos en ciertas universidades, una queja que durante años ha persistido en distintas regiones. La Universidad Nacional, la UdeA, la Univalle y la Unad reciben el 48 % de los ingresos del orden nacional y un 37 % de recursos territoriales.Por otro lado, la Contraloría les preguntó a las universidades cuáles eran sus principales inquietudes. La necesidad de que les inyecten más recursos estatales la adujeron 19 de ellas, mientras que 26 indicaron que no reciben ningún monto del Sistema General de Participaciones.A la par de las advertencias, en el estudio se resaltan avances en inversión, gestión presupuestal y diversificación de ingresos, como el 0,83 % del PIB para el sector educativo en 2024, la mayor cifra de los últimos años.Edificio de la Contraloría. Foto:Archivo particular LEA TAMBIÉN Asimismo, las universidades mostraron que pueden financiar su desarrollo y crecimiento en infraestructura a partir de ingresos que generan autónomamente. “Este nivel de autosuficiencia financiera constituye un indicador favorable para la sostenibilidad y el crecimiento institucional a mediano plazo”, dice el reporte.Y a modo de conclusión, hacen el planteamiento de que se debe repensar el modelo para financiar el sistema público de manera más equitativa y con una pluralidad de fuentes de ingreso. Una de las opciones que más se enumeró fue la alianza público-privada, así como potenciar la educación continua y virtual.En cuanto a modificaciones para lograr estos cambios, 25 universidades recomiendan “reformar la Ley 30 de 1992, en especial sus artículos 86 y 87, con el fin de sustituir el ajuste anual basado en el IPC por un índice educativo multidimensional, como el Ices, que incorpore criterios de costos salariales, infraestructura, tecnología, cobertura, calidad e investigación”. Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com