El pasado 16 de enero, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó como gran resultado la entrega de 1.143 hectáreas de la Hacienda de la Virgen del Cobre, en Necoclí (Antioquia), a tres asociaciones campesinas. Sin embargo, el evento trajo consigo una serie de problemáticas en esta zona del Urabá antioqueño, que incluyen las vías de hecho, por la confusión alrededor de la seguridad jurídica de la entrega.La ANT aseguró que se trata de uno de los más importantes avances en materia de producción agrícola para la región y para el resarcimiento de las víctimas del paramilitarismo, fenómeno de guerra el cual, según diversas investigaciones judiciales y de derechos humanos, operó en ese predio con alta intensidad entre los ochenta y noventa.La respuesta ha sido en todos los niveles. Las asociaciones beneficiaras, que agrupan a 120 familias campesinas, agradecieron al gobierno de Gustavo Petro en entrevistas distribuidas por la ANT. Sin embargo, decenas de otros campesinos han intentado invadir el predio, asegurando que la adjudicación dejó por fuera a familias locales que siguen esperando acceso a la tierra.Capturas por intento de invasión en la hacienda de la Virgen del Cobre. Foto:Policía UrabáEl presidente Petro, incluso, señaló que el ‘clan del Golfo’ está detrás de esas protestas y agregó que “la Policía tiene orden de hacer valer la acción del Gobierno nacional en favor del campesinado”, dijo en su cuenta de X. Pero hay un elemento del que no se ha hablado: la verdad judicial del predio de La Virgen del Cobre.EL TIEMPO accedió al certificado de tradición y libertad de la hacienda, en el que figuran como últimas propietarias María José y María Antonia Ocampo Parra, hijas del reconocido empresario regional José Antonio Ocampo Obando, referenciado en expedientes judiciales con el alias de Pelusa y asesinado en 2017 por sicarios, en Medellín.La Comisión de la Verdad, en su capítulo sobre “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá: surgimiento, transformación, consolidación y financiación 1994-1998″, menciona a Ocampo Obando en un organigrama con la hipótesis de que fue “narcotraficante del antiguo Cartel de Medellín. Cercano a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”.Miliciano de las Autodefensas Unidas de Colombia Foto:Archivo particular.Según una de las anotaciones del certificado de tradición y libertad, la hacienda de la Virgen del Cobre se encuentra bajo “medida cautelar” y “suspensión provisional” a la libre disposición de dominio en proceso de Justicia y Paz. En palabras sencillas, aunque el Estado puede hacer uso del bien, no está saneado por completo el traspaso, pues el trámite jurídico se encuentra en pleno proceso.El trámite en cuestión es un caso de extinción de derecho de dominio iniciado por la Fiscalía ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en el marco de un macroexpediente sobre bienes del Urabá antioqueño vinculados al paramilitarismo. Dado que la hacienda se ubica en esa subregión del país, el caso fue trasladado a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.Y, como todo proceso, este expediente también permanece en curso. En diálogo con EL TIEMPO, el abogado Santiago Trespalacios, defensor de la familia Ocampo Obando, explicó que el expediente lo resuelve el Tribunal Superior de Medellín y, en caso de inconformidades, se apela ante la Corte Suprema de Justicia.Trespalacios también explicó que el proceso no se ve afectado con la entrega provisional de la ANT a las asociaciones campesinas, sin embargo, “está creando falsas expectativas en la población”.La Policía de Urabá ha tenido que frenar las vías de hecho. Foto:Policía UrabáY agregó: “Lo que sí es, en mi opinión, un irrespeto a la independencia judicial es que el presidente Gustavo Petro comunique la falsa idea según la cual ya es una medida definitiva de extinción, lo que desconoce que son los magistrados los que en este momento deben resolver este asunto”.La ANT, por su parte, explicó que, para materializar la entrega a las familias campesinas, firmó un convenio entre entidades en el que adquirió la hacienda directamente del Fondo de Reparación para las Víctimas, con miras a la entrega material realizada en los últimos días. Es decir, desembolsó millonarios recursos que ahora están en manos de la Unidad para las Víctimas.“El terreno estaba en manos de una empresa que nunca pagó un solo peso al Estado por su uso y estaba siendo explotada con más de 900 reses y 150 caballos”, explicó la ANT en un comunicado de prensa.Entretanto, la Alcaldía de Necoclí viene realizando reuniones extraordinarias con la entidad dirigida por Felipe Harman, así como la policía Nacional y representantes de asociaciones campesinas, para frenar las vías de hecho que han llevado a la invasión de La Virgen del Cobre. Solo el Tribunal Superior de Medellín dirá, en primera instancia, qué le espera en el futuro cercano a este bien inmueble retratado en la historia reciente del conflicto armado.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA