El abogado del proceso contra la minera estadounidense Drummond, que busca enjuiciarla por su supuesta alianza con las autodefensas en los años noventa, fue condenado en Estados Unidos por soborno a testigos y extorsión.La justicia concluyó que orquestó un entramado para amañar testimonios de antiguos ‘paras’, a quienes habría pagado para enlodar a la compañía como presunta financiadora de ese movimiento criminal, autor de los peores crímenes de lesa humanidad en su cruzada antiguerrillera.A esa conclusión llegó un jurado estadounidense en un juicio civil promovido por la minera contra Terrence P. Collingsworth y su buffete, International Rights Advocates, por daños reputacionales y otros hechos relacionados con extorsión. El fallo favoreció a la empresa con dos indemnizaciones; una por 52 millones de dólares y otra por 68 millones.La justicia estadounidense consideró probados los pagos ilegales que Collingsworth habría hecho a testigos como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, alias ‘El Viejo Miguel’, quienes, a cambio de cientos de miles de dólares, habrían enlodado falsamente a la Drummond al señalarla como financiadora de estos grupos en sus áreas de influencia, en una región que, a finales de los años noventa y comienzos de los 2000’s, estaba fuertemente permeada por la guerrilla.”En este caso, Drummond sostiene que Collingsworth publicó tres cartas sobre la compañía que contenían declaraciones difamatorias. Drummond afirma que las cartas incluían afirmaciones según las cuales se le acusaba falsamente de ser responsable de violaciones de derechos humanos y del asesinato de ciudadanos colombianos. Collingsworth niega esas acusaciones”, se lee en el expediente.La minera también denunció que el abogado —quien además se encargó de reunir a los testigos por financiación al paramilitarismo contra la bananera Chiquita Brands— intentó obtener dinero de la compañía amenazando con continuar publicando acusaciones, todas manipuladas, a menos de que Drummond realizara pagos. Estos cargos también fueron probados. Las implicaciones en los procesos colombianosEsta decisión, que aún es objeto de apelación por la defensa, tendrá repercusiones en los procesos que cursan en la justicia colombiana. En la jurisdicción ordinaria también se tramita una denuncia contra Collingsworth por falso testimonio y soborno a testigos, por los mismos hechos por los que el jurado federal lo condenó.Así mismo, sigue vivo un proceso contra la minera por financiación del paramilitarismo y nexos criminales con estos grupos, señalados de asesinar a sindicalistas de la compañía en los primeros años de los 2000, sustentado en los mismos testimonios que las autoridades estadounidenses tacharon de ‘amañados’.La decisión del jurado federal podría incorporarse como hecho sobreviniente a las pruebas que analiza la Fiscalía en ambos casos. Favorablemente para la compañía, deja sin sustento la versión de algunos de los ‘exparas’ vinculados como testigos.A la par, la JEP ha indagado el crimen contra Cándido José Méndez y otros líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, y llamó a versión al exdirector de los servicios de seguridad de Drummond, Wilber Aguirre Díaz, luego de que fuera señalado por el exagente del DAS Rafael García de tener información sobre estos homicidios.En septiembre de 2024, el tribunal aceptó revisar los expedientes en EE. UU. del denominado ‘cartel de falsos testigos’, orquestado por Collingsworth y ahora probado por la justicia.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justocoa