La Superintendencia de Vigilancia emitió una resolución en la que se regula el uso de perros en labores de seguridad privada. La norma fue emitida luego de que el 7 de noviembre de 2023, la entidad recibió una denuncia por presuntas actividades irregulares de la empresa Logiscan Ltda., que habría estado utilizando perros en labores de vigilancia sin contar con la licencia.Una semana después, peritos de la Súper realizaron una visita de inspección en la localidad de Fontibón y en zonas cercanas al aeropuerto El Dorado, donde se constató que había personal y caninos vinculados a esta empresa y al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) prestando estos servicios. Durante la diligencia se reportó la muerte de Limonar, el 5 de noviembre, inicialmente atribuida a un ahorcamiento accidental, aunque la documentación posterior entregada a la Superintendencia indicó que el fallecimiento se debió a asfixia.Larry Álvarez, superintendente de vigilancia Foto:ArchivoEl informe elaborado por la Delegatura para el Control concluyó que Logiscan realizaba actividades de vigilancia con caninos sin licencia y sin cumplir las condiciones técnicas y sanitarias exigidas. Dos años después, la Superintendencia ordenó la suspensión inmediata de esas actividades y el cierre progresivo de los contratos vigentes.Con esta información se abrió una investigación administrativa sancionatoria contra el ICA por su posible participación en la prestación de servicios de seguridad sin autorización. La Delegatura compulsó copias a la Fiscalía, la Policía, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y otras autoridades para que adelantaran las investigaciones correspondientes. Hasta el cierre de esta edición, el ICA no se ha pronunciado al respecto.Tras este caso, la Supervigilancia reglamentó la llamada Ley Lorenzo para proteger a los perros utilizados en servicios de seguridad privada. Entre los principales cambios se fijó una jornada máxima de entre seis y ocho horas diarias, la obligación de certificación anual ante la Superintendencia y la prohibición de métodos de adiestramiento basados en castigos violentos.Un reto de la nueva norma es el control de su cumplimiento por la Supervigilancia, Fiscalía y el ICA Foto:SupervigilanciaEl superintendente Larry Álvarez explicó que el propósito de la norma es “cerrar vacíos legales e impedir prácticas inadecuadas con el uso de animales en la seguridad privada”. También subrayó que las empresas deberán garantizar pólizas de responsabilidad civil, convenios con clínicas veterinarias y planes de bioseguridad. Álvarez indicó que la entidad ha detectado otras compañías que incumplen los estándares de bienestar y anunció visitas de inspección adicionales. “El objetivo final es reemplazar, por medios tecnológicos, a los animales que hoy prestan estos servicios”, dijo.Los retosJuan Carlos Medina, director de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip), destacó que la norma abre la oportunidad de fortalecer la relación entre el manejador y el perro. “Estamos orientando un esfuerzo conjunto con las empresas de vigilancia para garantizar no solo el cuidado de los animales, sino también una buena formación de los manejadores. Ese binomio debe asegurar el bienestar y la efectividad del servicio”, señaló.Medina considera que los perros seguirán siendo esenciales en el sector, incluso con el avance de los medios tecnológicos. “El gran reto es mantener al can en el tiempo bajo una buena regulación. Desmontarlos y sustituirlos por tecnología no es viable, porque los canes son necesarios. Lo importante es que no trabajen en espacios cerrados o donde se comprometa la seguridad ciudadana”, agregó.Hermana de Irma Franco, miembro del M-19 desaparecida Foto:Por su parte, el abogado Saúl León advirtió que los principales desafíos estarán en la implementación y vigilancia del cumplimiento de la norma.“El primer reto es para las entidades estatales –alcaldías, gobernaciones, distritos–, que deben verificar que los establecimientos cumplan con las condiciones de bienestar animal. El segundo recae en la sociedad civil, que debe denunciar posibles casos de maltrato. Y el tercero corresponde a los organismos de control: la Súper y la Fiscalía, que debe judicializar casos de maltrato”, concluyó.Juan Diego Torres Lasso – Redacción Justicia