Durante un nuevo acto de conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, realizado ayer en la plazoleta del complejo judicial, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, abrió un debate sobre las medidas de indulto y amnistía otorgadas en los años noventa al M-19 tras el proceso de paz. Dijo que los beneficios jurídicos no los exoneran de su responsabilidad por desatar la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985.El magistrado recordó que, pese a los informes de la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema en 2005 y 2010, “muy poco se sabe” sobre lo que realmente sucedió durante las 28 horas en que el edificio se convirtió en campo de batalla. “El pacto del silencio en unos casos, y el silencio resultante de las leyes que autorizaron indultos o regularon las cesaciones de procedimiento en otros, han impedido conocer toda la verdad”, señaló.Cuarenta años después de la tragedia, que dejó entre 94 y 115 víctimas mortales, según Medicina Legal y reportes militares, la verdad sigue siendo una deuda. “Los responsables deben hablar. Le deben al país, a la justicia y a las víctimas la verdad sobre lo ocurrido. La justicia debe prevalecer sobre el terror, provenga éste de donde provenga”, subrayó Ibáñez.Presidentes de las altas cortes durante el homenaje a los 40 años de la toma del Palacio de Justicia Foto:MILTON DÍAZEl magistrado explicó que, si bien las leyes 77 de 1989 y 7 de 1992 permitieron la cesación de procesos penales y el archivo de expedientes bajo el principio de favorabilidad, ello no puede impedir el conocimiento de la verdad histórica. Citó la jurisprudencia internacional que prohíbe las amnistías e indultos frente a crímenes de guerra, de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha reiterado que tales leyes fomentan la impunidad.“La necesidad de lograr la paz, en los procesos de justicia transicional, debe considerar las normas del derecho internacional de derechos humanos, del derecho internacional humanitario (DIH) y del derecho penal internacional, puesto que constituyen los límites y parámetros de los Estados y las sociedades al momento de realizar acuerdos de paz”, dijo.Ibáñez citó a la Corte IDH, que ha reiterado que las leyes de amnistía o de punto final vulneran las obligaciones internacionales de los Estados, pues impiden investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Estas normas violan los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana) y suponen un incumplimiento del deber general de respeto y garantía.“Colombia aún es titular de una deuda de verdad pendiente que sigue torturando a las familias de los desaparecidos y sobrevivientes. Los responsables deben hablar. Le deben al país, a la justicia y a las víctimas, la verdad sobre lo ocurrido”, puntualizó.A la conmemoración asistieron familiares de las víctimas. Foto:MILTON DÍAZTras el doble indulto otorgado en los 90, que protegió jurídicamente a los exjefes del M-19, entre ellos el hoy presidente Gustavo Petro, no avanzaron las investigaciones contra los autores del asalto. En contraste, varios mandos militares, como el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, fueron condenados por desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante la retoma.En el oficio de un juez en enero de 1989, el hoy presidente Gustavo Petro fue llamado a juicio al considerarse que como dirigente nacional tenía voz y voto en las decisiones que tomaba la guerrilla del M-19. El caso nunca fue más allá porque, pese a que en el 92 otro despacho volvió a solicitar la detención preventiva en su contra, fueron beneficiados con dos indultos que hasta el momento los tienen blindado de cualquier proceso penal.El exprocurador Alfonso Gómez Méndez, quien en 1990 destituyó a Arias Cabrales por la violencia desproporcionada en la operación militar, sostuvo que “el pacto de silencio y de impunidad sigue vigente después de todo este tiempo”. Ni el presidente Belisario Betancur, fallecido en 2018, ni sus ministros respondieron penalmente por sus decisiones.Mientras que en el foro de la Corte Constitucional, Carlos Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, asesinado durante el asalto, reveló que el familiar de un integrante de la Fuerza Pública interpuso un recurso arte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar revertir el segundo indulto, pero ese fue negado por el gobierno Duque. “El Estado y se opuso a esa reclamación y a esa demanda”, apuntó.Sugirió que la revisión del indulto es viable a la luz del DIH. “Cuándo presentamos el informe de la Comisión en la Comisión de Acusaciones contra el presidente Betancourt, meses se archivó en el Congreso, y se nos dijo que el DIH no existía, y nosotros le dijimos que sí existe (…) y Colombia está obligada a respetarlo”, detalló.La Casa del Florero fue utilizada por las Fuerzas Militares como centro de operaciones. Foto:MILTON DÍAZEn el evento en la plazoleta central del Palacio, Gabriel Eliécer Andrade Sulbarán, hijo del magistrado auxiliar Julio César Andrade Andrade, dijo que el ataque “disfrazado burdamente de acto subversivo” hirió de muerte la paz constitucional y destruyó vidas consagradas a la justicia.El presidente de la Corte Suprema, Augusto Tejeiro, aseguró que tragedias como la ocurrida hace 40 años, se evitan si la memoria se mantiene viva y si el país mejora la manera en que se comunica. “Desescalar el lenguaje no hará un país mejor, pero sin duda será el primer paso para que tengamos un país próspero, grande, conviviente, pacífico, tranquilo y solidario”, indicó.Mientras tanto, el presidente del Consejo de Estado, Luis Álvarez, señaló que “es inaceptable que se exalte el heroísmo de este hecho doloroso, porque esto ofende a las víctimas y humilla la memoria de nuestros muertos”. Precisamente ayer se conoció que ese tribunal declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, a través del Ministerio de Defensa, por la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa, magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte.La toma y retoma del Palacio de Justicia se registró los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Foto:EL TIEMPOPor su lado, Mauricio Tamayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, indicó que “estamos recordando para evitar que vuelva a pasar todas estas muertes que deben estar en la memoria histórica de nuestro país que además debe y tiene que responder a la verdad”. Enseguida, Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, señaló que “no puede enarbolarse la bandera de la reivindicación ante lo que no fue más que un aleve acto terrorista”.En otra de las conmemoraciones de ayer, el procurador Gregorio Eljach resaltó que “la valentía de nuestros jueces, muchas veces a riesgo de sus propias vidas, en un país como el nuestro, es la última trinchera de la justicia frente a los atropellos y las arbitrariedades, y es lo que garantiza que nadie por poderoso que sea esté por encima de la ley. Al homenaje se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien dijo que “no es posible construir paz en el país, un diálogo político, una convivencia seria y duradera sobre el olvido y el negacionismo”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com