La ONU pide explicaciones a España por permitir la participación de los menores en espectáculos taurinos | Sociedad

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha pedido explicaciones a España por permitir la asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos. El planteamiento del comité, formado por 18 expertos independientes, se produce en el marco del examen a España respecto al grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se ha celebrado esta semana en Ginebra. La delegación española, encabezada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, respondió una amplia batería de preguntas, entre las que se incluyeron algunas relativas a la participación de niños y adolescentes en actividades relacionadas con la tauromaquia. Las observaciones finales del comité, en la que se incluirán recomendaciones concretas, se conocerán en unas semanas. Pero, por lo pronto, las preguntas de los expertos permiten identificar asuntos que les resultan de interés. En 2018, cuando se publicaron las conclusiones del anterior examen a España, el comité ya incluyó en su informe la recomendación de prohibir “la participación de los niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”, con el objetivo de “prevenir los efectos nocivos para los niños”. Bragi Gudbrandsson, miembro del comité, recordó a la delegación española la existencia de esta recomendación. Además, otros tres componentes del comité mostraron su preocupación por el hecho de que los menores queden expuestos a la violencia producida en la tauromaquia, sin que España haya armonizado su normativa (hay distintas regulaciones autonómicas) para impedir estas situaciones de riesgo para su salud física y mental. Otro miembro del comité, Rinchen Chophel, advirtió de la existencia de abundante trabajo científico que relaciona estas violencias con posteriores impactos negativos sobre los menores, y otra integrante de este grupo, Suzanne Aho, señaló la paradoja de que existan en España normas sobre contenidos audiovisuales y menores, pero que estos mismos puedan acceder a los llamados “centros de formación de la tauromaquia”, es decir, las escuelas taurinas. La intervención más extensa sobre la materia fue de Timothy P.T. Ekesa, que repreguntó a la delegación española sobre las escuelas taurinas, y sobre si esas participaciones se producen sin presiones culturales o económicas, entre otros aspectos. En respuesta, la delegación española manifestó que el Gobierno tiene la intención de restringir el acceso de menores de edad a espectáculos violentos con animales a través de la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia y que el departamento de Rego ya tiene lista, según ha declarado varias veces la ministra, a la espera de las aportaciones de Justicia, por lo que espera que vaya a Consejo de Ministros en las próximas semanas. Entre la documentación oficial sobre áreas de incumplimiento con el tratado internacional analizada por el comité —que incluye informes de distintas organizaciones de la sociedad civil, además de uno del Gobierno—, este analizó un informe presentado por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), en el que se alertaba del “persistente incumplimiento” por parte de España de las recomendaciones de 2018. El informe de CoPPA documenta que la exposición de niñas y a la “violencia” de espectáculos taurinos sigue siendo legal e incluso fomentada en España, pese a “los peligros para la integridad física de los menores y la evidencia científica sobre las negativas repercusiones que la exposición a la violencia tiene en el desarrollo emocional, psicológico de la infancia”. Además, el comité también recibió tres informes de la Fundación Franz Weber que relatan la “participación sistemática” de menores en la tauromaquia, desde su acceso a corridas de toros a la implicación en las llamadas ‘escuelas taurinas’, así como incidentes relacionados con cogidas o incluso acoso educativo y sexual en estos centros. Asimismo, el Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) hizo llegar al Comité otros informes.