La regularización de inmigrantes en España, a contracorriente de Europa | Internacional

El Gobierno español ha anunciado que aprobará una regularización extraordinaria que beneficiará a más de medio millón de extranjeros que ya residen en el país. La medida, que se prevé que sea presentada este martes en el Consejo de Ministros, establece que podrán acogerse quienes acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre pasado, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud. El anuncio se produce en un momento en que la mayoría de los Estados miembros y la Comisión Europea han optado por endurecer sus políticas migratorias y mientras el auge de la extrema derecha ha dado un nuevo impulso en el continente al discurso antiinmigración. Sin embargo, otros países europeos han adoptado prerrogativas similares para garantizar los derechos de los beneficiarios, responder a contingencias como la pandemia de covid-19 o restar presión a sus sistemas burocráticos. Estos son algunos ejemplos. FranciaLa última gran regularización de inmigrantes en Francia ocurrió en 1997-1998, durante el Gobierno de Lionel Jospin. La iniciativa permitió legalizar a unas 80.000 personas en situación irregular. Desde entonces, la política migratoria se ha orientado a regularizaciones individuales, mediante herramientas administrativas como la circular Valls [por el entonces ministro del Interior, Manuel Valls] en 2012 y, más recientemente, la circular Retailleau [por el ex ministro Bruno Retailleau].En su circular, Retailleau recordaba a los delegados del gobierno que “la regularización no es un derecho”. “Recurrir a este mecanismo debe seguir siendo excepcional”, señalaba. Desde entonces, el volumen de regularizaciones ha caído en torno a un 42%, según datos publicados por Le Monde a finales de 2025. Esta disminución afecta a casi todas las categorías: las regularizaciones por motivo de trabajo bajaron un 54%, así como las regularizaciones por vida privada y familiar, que caen un 58%, hasta situarse por debajo de las 4.000. Solo la regularización de los antiguos menores no acompañados [que han alcanzado la mayoría de edad y están en formación profesional] ha aumentado.ItaliaEn Italia, la última gran regularización de migrantes fue en 2020, con el segundo gobierno de Giuseppe Conte (una coalición del Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático, de centroizquierda). Recibió 220.000 solicitudes, principalmente en el ámbito del trabajo doméstico, cuidado de personas dependientes y agricultura. Su aplicación fue controvertida por la ineficiencia de la administración a la hora de tramitar las solicitudes, y de hecho una parte aún sigue pendiente de resolución. En realidad el instrumento más utilizado en Italia desde hace más de dos décadas para legalizar la residencia de extranjeros es el llamado decreto de flujos migratorios, que pretende ordenar la entrada de inmigrantes en función de la demanda laboral. El último decreto aprobado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni prevé la entrada de 500.000 personas entre 2026 y 2028. Es un sistema muy criticado. En teoría se trata de extranjeros que están fuera de Italia y quieren entrar en el país, y responden a las peticiones de personal de los empresarios, por cuotas de sectores laborales, mediante un sistema criticado por su falta de transparencia e irregularidades. En realidad es a menudo una regularización encubierta de aquellos que ya están en el país en situación irregular.PortugalEl Gobierno portugués anunció en 2020 la regularización exprés de todos los inmigrantes que tenían pendiente la autorización de residencia, en un intento de paliar el impacto de la pandemia de covid-19 y de resolver los problemas burocráticos a raíz de la declaración del estado de emergencia. La medida, impulsada por la Administración del socialista António Costa, benefició ese año a más de 356.000 personas de forma provisional, según datos oficiales.La medida permitió el acceso a servicios públicos, como la asistencia sanitaria, y prestaciones de la seguridad social. En 2024, el conservador Luis Montenegro endureció la política migratoria del país y cerró esa vía rápida para regularizar a cientos de miles de inmigrantes para “acabar con algunos mecanismos que se han transformado en un abuso excesivo de nuestra capacidad para acoger inmigrantes”, según argumentó el primer ministro.GreciaEn 2023, el Parlamento griego aprobó por una amplia mayoría (262 de 300 diputados) una propuesta para conceder permisos de residencia y trabajo a unos 30.000 inmigrantes ante la escasez de mano de obra en el país, sobre todo en los sectores de la agricultura, la construcción y la industria del turismo. Las autoridades buscaban también combatir el empleo informal. Esa enmienda redujo el número de años requeridos para obtener un permiso de trabajo, tres en vez de siete. También se pedía a los solicitantes que no tuvieran antecedentes penales y que presentaran una oferta de trabajo. En 2024, más de 43.000 inmigrantes solicitaron ese permiso para trabajar en el país, según datos del Mediterranean Migration and Asylum Policy Hub. El país ya tenía un programa para regularizar a los inmigrantes que hayan residido al menos siete años en el país, que ha permitido la estancia legal de más de 23.000 solicitantes.BélgicaBélgica es de los países que, actualmente, están a favor de normas migratorias más estrictas tanto a nivel europeo como al nacional, donde en los últimos años ha endurecido las normas de asilo y de reagrupamiento familiar. “La era de Bélgica como destino de asilo preferente ha llegado a su fin”, proclamó a mediados de enero la ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, al anunciar una caída de 13,1% del número de demandas de asilo en 2025, después de la llegada del gobierno de coalición del primer ministro Bart de Wever, del partido nacionalista flamenco N-VA (igual que su ministra de Migración). Pero es una política que también impulsó su predecesor, el liberal Alexander De Croo, que vivió bajo su mandato uno de los pulsos más extremos: en 2021, casi 500 inmigrantes irregulares realizaron una dura huelga de hambre que se prolongó más de 60 días para demandar su legalización tras años de clandestinidad. Lo único que lograron fue un compromiso del Gobierno —múltiples veces criticado y hasta condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no proporcionar un alojamiento a miles de demandantes de asilo— de que analizarían la situación caso por caso. Históricamente, en Bélgica, un país que por su centralidad europea y múltiples fronteras es habitual lugar de tránsito y hasta permanencia de migrantes, solo se han realizado tres grandes campañas de regularización masiva de inmigrantes sin papeles: la primera fue en 1974, cuando fueron beneficiados unos 7.500 trabajadores extranjeros que habían quedado en situación irregular después de que, cuatro años antes, el país decidiera dejar de emitir permisos de residencia para las personas que llegaban a Bélgica con un visado de turista pero encontraban un trabajo. Hubo que esperar más de dos décadas, hasta 1999, para que se produjera la segunda regularización masiva, 40.000 personas que pudieron obtener papeles gracias a un cambio de criterio en la ley, mientras que otras 25.000 más fueron regularizadas en 2009, la última vez que un gobierno belga aceptó una regularización masiva.AlemaniaA finales de 2022 entró en vigor en Alemania la normativa “derecho de residencia por oportunidades” por un periodo de tres años. La nueva regulación, que concluyó a finales de 2025, concedía la posibilidad de legalizar su situación a las personas que llevaran tiempo en el país y a las que no se había deportado por causas administrativas o humanitarias. Estas personas se encontraban en una especie de limbo legal, sin permiso de residencia y a menudo con restricciones para trabajar. La normativa establecía que solo las personas que a fecha del 31 de octubre de 2022 llevaran al menos cinco años viviendo en Alemania de manera ininterrumpida —unas 137.000 según cifras oficiales— podían solicitar el derecho de residencia por oportunidades por un periodo de 18 meses, que después podían convertir en indefinido bajo una serie de requisitos como demostrar un conocimiento básico de alemán e ingresos económicos para garantizar en gran medida su sustento. Si no se cumplían esos requisitos, después de 18 meses volverían a estar en la misma situación irregular. En el primer año y medio tras su entrada en vigor, se concedió el derecho de residencia por oportunidades a más de 76.000 personas. Además del requisito del tiempo, los solicitantes no podían haber sido condenados por un delito ni haber engañado repetidamente sobre su identidad o nacionalidad. Los miembros de la familia nuclear que vivieran con la persona regularizada también obtenían el mismo permiso aunque no llevaran cinco años en el país. Esta medida tenía por objeto incentivar la integración en el mercado laboral y la aclaración de la identidad de los migrantes, algo que el Gobierno alemán quería conseguir desde que durante la llamada crisis de los refugiados, en 2015, entraran en el país más de un millón de extranjeros sin papeles.Con información de Daniel Verdú, Íñigo Domínguez, Silvia Ayuso, Almudena de Cabo y Elías Camhaji.