Sobre las 7 de la noche del 23 de octubre de 2002, cinco hombres vestidos como agentes del DAS llegaron a la vereda Piamonte, de Fusagasugá, diciendo que estaban buscando ayuda para dar con unos ladrones del sector. Arribaron en una camioneta Hilux y a cuatro de los habitantes se los llevaron con la excusa de que colaboraran en dar con el paradero de los delincuentes.Los supuestos agentes en realidad eran Óscar Andrés Huertas, alias Menudencia; Luis Fernando Gómez, alias Ojitos; y Carlos Eduardo Marín, alias Malasombra, paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc) acompañados por Freddy Francisco Espitia Espinosa, un militar retirado que estaba adscrito al Batallón B2 del Ejército.Ellos se llevaron en la camioneta a las víctimas Gonzalo Guerrero, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diuviseldo Torres por la vía entre Novilleros y La Aguadita. Horas más tarde los cuatro hombres fueron asesinados y arrojados en una fosa común de una finca de Silvania.Lucho Herrera en la Fiscalía. Foto:Archivo particularEsa es la hipótesis preliminar que tiene la Fiscalía General de la Nación en la investigación que abrió esta semana contra el reconocido ciclista Lucho Herrera, a quien desde hace años tiene en el radar tras testimonios que lo ubican como quien pagó 40 millones de pesos a las Autodefensas para desaparecer forzosamente a sus vecinos. Por tal acusación, el próximo viernes tendrá que asistir a una indagatoria en el búnker del ente acusador.La apertura de investigación, según el abogado defensor, Hernando Benavides, la pidió el ganador de la Vuelta a España en 1987 para poder esclarecer los hechos en el marco de un proceso penal, de los cuales afirma ser inocente.“Fuimos nosotros los que solicitamos la indagatoria para entrar a desvirtuar los señalamientos infundados en su contra”, le dijo el abogado Benavides a este diario.Hernando Benavides, abogado de Lucho Herrera. Foto:Carlos López/El TiempoLos 34 crímenesEn el expediente que tiene a cargo una fiscal experta en violaciones a los derechos humanos reposa la historia de casi 24 años alrededor de las acusaciones contra Herrera. La desaparición de sus cuatro vecinos está enmarcada en lo que es catalogado por las autoridades como crímenes de lesa humanidad y como una ‘limpieza social’ financiada por ganaderos y comerciantes de municipios del Sumapaz, en la que los ejecutores fueron paramilitares al mando de Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.Según reposa en la investigación, tanto exparamilitares como otros interrogados han relatado que la ‘limpieza’ tenía como fin acabar con consumidores de drogas, homosexuales y guerrilleros. De hecho, en la región usaban el término ‘cachilaperos’, que significa ladrón de ganado, para también arremeter contra ellos.El narcoparamilitar alias Martín Llanos Foto:Archivo particularEn el caso particular de Lucho Herrera, EL TIEMPO tuvo acceso al auto con el que se lo llama a responder y en el que están documentadas 34 desapariciones forzadas a inicios de los 2000. El plan criminal se ejecutó en 20 ocasiones distintas en Ricaurte, Icononzo, Arbeláez, Girardot, Fusagasugá, Silvania, Agua de Dios, Chinauta, El Colegio, Viotá y Santandercito.“Mataron a uno en un puente, a otro en un billar”, son algunas de las frases que están compiladas en las páginas del expediente contra Lucho Herrera. En su caso, el señalamiento de que habría pagado por desaparecer a sus vecinos se deriva de una declaración que en 2013 entregó alias Ojitos por la masacre de Mapiripán.Lucho Herrera. Foto:Archivo“El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”, dijo ‘Ojitos’, condenado por estos hechos.Para 2002, Lucho Herrera tenía 39 años. Las autoridades tienen documentado que en esa época se dedicaba al comercio y a otros asuntos del campo en su finca de Fusagasugá, donde lo tenían extorsionado. Al parecer, los responsables eran hombres al mando de ‘Martín Llanos’, con quien el ciclista se reunió en Meta ese año para decirle que le estaban cobrando plata.Luego de un ‘pago’ que oscilaría los 20 millones de pesos llegó el mes de octubre, en el que desaparecieron a los hermanos Rodríguez, a Gonzalo Guerrero y Diuviseldo Torres. La tesis que tienen los investigadores es que Herrera habría pagado 40 millones porque supuestamente las víctimas eran ladrones de la zona y porque tendrían vínculos con las Farc, guerrilla a la cual él le temía porque dos años antes, en el 2000, lo secuestró.Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación Foto:Jesús Blanquicet. Archivo EL TIEMPOEste punto de la historia es clave porque el ciclista fue secuestrado por guerrilleros al mando de Bernardo Mosquera, alias El Negro Antonio. Por su rescate al parecer se pagaron 4.000 millones de pesos, monto que no habría sido reportado a los jefes de las Farc, sino que se lo quedó un hombre encargado de las finanzas que tiempo después traicionó a su grupo y con lista en mano de los ganaderos extorsionados, se alió con los ‘paras’.Estos relatos empezaron a llegar a la Fiscalía en 2013 debido a la versión de ‘Ojitos’, pero solo hasta 2017 empezaron a investigarse en forma los hechos con el agravante de que las cuatro víctimas de la desaparición en la vereda Piamonte no habían sido identificadas. El año pasado se entregaron dos cuerpos por parte del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía, que desde el despacho de la fiscal que lleva el expediente escuchó en versión libre al ciclista, quien insiste en ser inocente y en que los ‘paras’ lo están involucrando con fechas imprecisas para obtener beneficios personales.En aras de sumar testimonios a los 60 que ya tiene recopilados, la fiscal compulsó copias a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que le permita escuchar a alias El Negro Antonio y al militar (r) Freddy Francisco Espitia, quienes pueden ser claves en esta investigación debido a su papel en el caso. Tras la firma de la paz, ellos pasaron a responder ante la JEP, desde donde no se conoce qué tanto han avanzado en escucharlos. LEA TAMBIÉN Instalaciones de la JEP en Bogotá. Foto:JEPAdemás de pedir sus testimonios, la Fiscalía ordenó volver a Fusagasugá para reconstruir el recorrido que hicieron los ‘paras’ vestidos como agentes del DAS, así como hacer una nueva inspección a la finca en la que estarían más cuerpos víctimas de esta ‘limpieza social’ en el Sumapaz. La última vez que fueron las autoridades, alias Malasombra entregó mal la ubicación de la vivienda y no se halló mayor información.Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com