La nueva emergencia económica, decretada el pasado 11 de febrero para atender la tragedia por el frente frío, fue repartida en la Corte Constitucional para su control automático. El magistrado Miguel Polo Rosero será el ponente.El nuevo estado de excepción es el cuarto del gobierno de Gustavo Petro, que ya había jugado esta carta para atender la crisis social en La Guajira, la crisis humanitaria y de orden público en Catatumbo, y para conjurar una supuesta crisis fiscal tras el hundimiento de la reforma tributaria, hace menos de dos meses.Decreto emergencia económica. Foto:Redes sociales.Esta fue suspendida provisionalmente, así como los impuestos derivados de ella.Con la nueva emergencia económica, el Gobierno de Colombia busca recaudar 8 billones de pesos para hacer frente a las inundaciones y desastres naturales en ocho departamentos, siendo Córdoba uno de los más afectados.Se prevé la expedición de un decreto de medidas con el que se establezca un impuesto al patrimonio para personas jurídicas (empresas) que superen capitales de 10.000 millones de pesos, con una tarifa marginal del 0,6 % y del 1,2 % para patrimonios superiores a los 30.000 millones. LEA TAMBIÉN Mientras tanto, el magistrado ponente tendrá que oficiar pruebas a las entidades que justifiquen el estado de excepción. El debate en la Corte, que aún no se ha pronunciado de fondo sobre la anterior emergencia económica, girará en torno a si la situación coyuntural desborda las medidas ordinarias previstas para atender este desastre natural.Este punto ha sido centro de debate político y jurídico e, incluso, varios gobernadores han propuesto otra salida que no implique otorgarle facultades extraordinarias al Presidente, como usar las regalías no ejecutadas para atender la tragedia invernal.Corte Constitucional Foto:CortesíaEsto, luego de que la Sala Plena decidiera no pronunciarse ni levantar, en el tiempo que les dio el Gobierno para ello, la suspensión de la anterior emergencia económica. El Presidente y sus ministros justificaban la solicitud en el supuesto hecho sobreviniente de las inundaciones, una petición que jurídicamente alteraba el debate en la Corte por tratarse de un contexto que no fue el que motivó el estado de excepción.“La situación actual podría dar lugar a una nueva emergencia basada en hechos sobrevinientes. La Corte tendría que evaluar si desborda las facultades ordinarias, pero no levantar la anterior, que tenía un espectro más amplio. De hecho, de los 11 billones que se aspiraban recaudar, solo 500.000 millones iban dirigidos a la atención de la ola invernal, por lo que no estaba justificada en la atención de esta emergencia”, le dijo a este diario el exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero.Manifestación del gremio de recicladores en la ciudad Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia