
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este martes un paquete de cinco medidas con las que pretende hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. Ha sido durante su intervención en el World Governments Summit en Dubái, donde ha afirmado que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos”. Allí, ha asegurado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, una medida ya contemplada en el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que está actualmente en tramitación en el Congreso, y que va en la línea de los pasos que están dando otros países de nuestro entorno, como Portugal o Francia. “Les protegeremos del salvaje Oeste digital”, ha dicho.“Las redes sociales, sus empresas, son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío. Pero su poder e influencia no nos deben dar miedo porque nuestra determinación es mayor”, ha advertido el presidente. “El año pasado fui a Davos a avisar a los Gobiernos de los peligros de las redes sociales. Y hoy estoy aquí para decirles en Dubái que España va a tomar medidas”, ha asegurado. “Empezando la semana que viene, mi Gobierno va a tomar las siguientes medidas”, ha continuado. Y ha enumerado cinco actuaciones, aunque sin detallar específicamente cómo y cuándo se abordará cada una de ellas. En todo caso, la minoría en la que está el Gobierno en el Parlamento dibuja un escenario complicado para que las propuestas salgan adelante en caso de que tengan que pasar por el Congreso. “En primer lugar, vamos a modificar la legislación en España para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas. Eso significa que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales”, ha explicado Sánchez. Actualmente, la Unión Europea exige a las grandes plataformas, a través del Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas inglesas), responsabilidades por los contenidos que difunden. La aplicación de esta normativa ya ha propiciado la imposición de las primeras multas, como la aplicada a X, que deberá pagar 120 millones de euros al incumplir con sus obligaciones de transparencia en el repositorio de anuncios publicitarios. La novedad que apunta el presidente, aunque sin explicar a través de qué modificación normativa específicamente, es atribuirle la responsabilidad legal de estas infracciones a los directivos. Sánchez también ha anunciado que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales. “Es algo que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores a los que investigaremos, así como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficios. Se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutra”, ha indicado el presidente. Aunque no ha detallado el instrumento normativo que se empleará ni a qué se refiere exactamente con manipular algoritmos. Precisamente este martes, la Fiscalía de París está registrando las oficinas de X en Francia y convoca a Elon Musk para que declare justo por manipulación de algoritmos. Otra de las medidas que ha anunciado Sánchez consiste en implantar “un sistema, una huella de odio y polarización que seguirá, cuantificará y revelará cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio”. Según ha dicho, “durante demasiado tiempo se ha considerado que el odio era algo invisible e imposible de cuantificar, pero eso lo vamos a cambiar con una herramienta que va a ser la base para definir las futuras sanciones, porque difundir odio tiene que tener un coste: un coste legal, por supuesto, también un coste económico y un coste ético que las plataformas ya no se podrán permitir ignorar”. También se ha referido a una quinta medida: “Mi Gobierno va a trabajar con nuestra Fiscalía para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por Grok [la inteligencia artificial de X]TikTok e Instagram. Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera”. Hace unas semanas, el Ministerio de Juventud e Infancia ya trasladó a la Fiscalía un escrito en el que solicitaba que se investigase si X, a través de Grok, ha incurrido en delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia. Una decisión que llegó en plena polémica a raíz de la difusión por parte de esta herramienta de más de tres millones de imágenes de mujeres sexualizadas, también de menores. Algo que ha motivado que la Comisión Europea haya abierto una investigación. El objetivo de Sánchez, según ha afirmado, es “convertir las redes sociales en un espacio saludable y democrático, como siempre debería haber sido”. Aunque ha reconocido ser plenamente consciente de sus limitaciones. “Sabemos que esta es una batalla que excede con mucho las fronteras de cualquier país. Y por eso quiero informarles de que España se ha aliado con otros cinco países europeos en una coalición de los digitalmente dispuestos, comprometida a imponer una normativa más estricta, más rápida y más efectiva de las redes sociales”, ha apuntado. Se reunirán por primera vez en los próximos días y llevarán a cabo acciones coordinadas a nivel multinacional. “A lo que nos enfrentamos es a la convergencia de dos fracasos: un espacio digital sin responsabilidades que nos debilita desde dentro y un orden global que está bajo presión desde fuera. Ambos requieren gobernanza, no resignación. Y por eso debemos actuar, con valor, con unidad y con esperanza”, ha continuado Sánchez. “Porque momentos como estos definen a generaciones enteras, y generaciones como la nuestra van a definir el futuro de las próximas generaciones”.
Sánchez lanza una ofensiva contra la impunidad en las redes: se prohibirán hasta los 16 años y manipular el algoritmo será delito | Sociedad
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